Fondos viales en la mira: mientras la oposición exige explicaciones, el Gobierno privatiza rutas nacionales

En medio de un fuerte reclamo por parte de la oposición para que el Gobierno nacional rinda cuentas sobre el destino de los fondos que debían ser utilizados para el mantenimiento y las obras en rutas nacionales, el Ejecutivo avanza en la privatización de la concesión vial.

El Gobierno avanzará con la privatización de casi 6 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país y anunció que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales.

Según el Gobierno, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.

Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. 

El Gobierno dijo que los interesados, a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes.

Qué se hizo “con los $200 mil millones”

En efecto, la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Valeria Arata, participó en la semana de la firma de una demanda judicial para que la Justicia investigue el destino de los fondos que recibe el Gobierno Nacional y que tienen que tener como destino obras viales e infraestructura.

Sobre la situación, Arata indicó: “La situación de la variante de la ciudad de Chacabuco en la Autovía de la Ruta Nacional N° 7 es incomprensible. Cuando pararon la obra ya tenía un avance de casi el 90%. Y el tramo entre Chacabuco y Carmen de Areco se había iniciado a muy buen ritmo. Es increíble que se sigan cobrando los impuestos para financiar esas obras y no se hagan”.

“Fueron muchos años de lucha de todas las familias de cada una de las ciudades que atraviesa la Ruta 7 para que se inicie la autopista, como así también las vidas que se perdieron en accidentes, hasta que se iniciaron las obras. Y hoy es incompresible que estén detenidas esas obras”, afirmó Arata.

La funcionaria dijo que “teniendo en cuenta que los recursos económicos están disponibles, estamos haciendo esta presentación judicial para que se investigue cuál fue su destino. Desde que Milei es presidente, las naftas aumentaron más del 250% por el aumento del Impuesto a los Combustibles, lo que generó que Nación llegara a recaudar más de $2,5 billones durante 2024, un 378% más que en 2023. Y de acuerdo a la Ley 23.966, el Gobierno Nacional está obligado a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”.

Por último, Arata dijo que “además, el 50% de ese fondo tiene que ser asignado a Vialidad Nacional con único fin de financiar las obras en los corredores viales nacionales, incluyendo la construcción, el arreglo y el mantenimiento de los más de 40.000 km de rutas que tiene a su cargo en todo el país”.

Es importante recordar que la firma de la demanda judicial se realizó en Luján y contó con la presencia del ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, intendentes de ciudades de la región como Leo Boto (Luján), Ariel Sujarchuk (Escobar), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Marisa Fassi (Cañuelas), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Darío Golía (Chacabuco), Alberto Gelené (Las Flores), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Julio Marini (Benito Juárez), Matías Nebot (Saavedra), Sergio Bordoni (Torquinst), Nelson Sombra (Azul) y Marcos Pisano (Bolívar).

Por Junín, además de Arata estuvieron presentes las concejales Maia Leiva y Francina Sierra, y el funcionario provincial Lautaro Mazzutti.

Puntualmente, el reclamo judicial apunta a conocer qué se hizo “con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $1 billón del Impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura”, se indicó.

“Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”, sostuvo Katopodis.

“Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución. Queremos que la Justicia le ordene al Estado nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, añadió el funcionario de Axel Kicillof.

Finalmente Katopodis sostuvo que “vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en condiciones porque por ellas pasa gran parte de lo que produce la Argentina”.

"Se terminó la patria contratista”

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que a partir de este modelo de privatización se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.

"Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", dijo Adorni.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.

Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.

El vocero explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones. 

Dijo que con estos resultados negativos, los argentinos aportaron $301.000 millones.