Tras meses de reclamos, comenzaron a tapar baches en la Ruta Nacional 7

Después de reiterados pedidos de vecinos, automovilistas y funcionarios locales, esta mañana se pudo observar a operarios de una empresa privada realizando tareas de bacheo sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Chacabuco.

Los trabajos se llevaron a cabo, bajo escasas medidas de seguridad, con la colocación de pavimento frío a pala, en distintos sectores de la traza que presentaban un avanzado deterioro y representaban un riesgo para la seguridad vial.

Cabe recordar que actualmente gran parte de las obras públicas y tareas de mantenimiento en rutas nacionales se encuentran paralizadas, en el marco del proceso de privatización de la red vial que impulsa el Gobierno nacional. Esta situación ha generado múltiples reclamos en la región, ya que la falta de conservación impacta directamente en una de las principales vías de conexión del corredor oeste bonaerense.

La Ruta 7, que une Buenos Aires con el oeste del país y es utilizada a diario por transporte de cargas y pasajeros, se ha transformado en un punto crítico para quienes transitan por ella, especialmente en los tramos donde los baches y roturas se acumulan desde hace meses.

Vecinos de Chacabuco habían advertido en reiteradas oportunidades el peligro que representaban los pozos para automovilistas y motociclistas, al tiempo que distintos dirigentes políticos elevaron pedidos formales para que se retomen las tareas de mantenimiento.

Informe de Vialidad Nacional

En paralelo, Vialidad Nacional publicó los informes de cierre de las Audiencias Públicas realizadas en junio en el marco de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarcan los principales corredores viales del país, entre ellos la Ruta 7.

Según lo informado, durante las audiencias se recibieron múltiples planteos vinculados a la necesidad de mejorar el estado de las rutas, fortalecer los servicios de emergencia, implementar controles de peso, revisar la ubicación de estaciones de peaje y evaluar nuevas obras no previstas inicialmente, como accesos, variantes, rotondas y autovías.

En el caso de los tramos que incluyen la RN 7 (Mediterráneo) y los corredores Puntano y Pampa, las propuestas ciudadanas serán consideradas en la elaboración de los pliegos licitatorios definitivos. Vialidad Nacional aclaró que, si bien las observaciones no son vinculantes, se priorizarán aquellas que representen beneficios concretos para los usuarios y no comprometan la razonabilidad de las tarifas.

De esta manera, mientras los vecinos de Chacabuco reclaman soluciones inmediatas al deterioro de la traza, a nivel nacional continúa el proceso de definición del esquema de concesiones y tarifas que marcará el futuro del sistema vial en todo el país.

Cierre de Vialidad

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín frenó el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional dispuesto hace dos semanas por el gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de disolución de organismos del Estado.

El nuevo revés contra la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) fue consecuencia de la aceptación que la Justicia le dio a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas áreas del Estado. El Gobierno apelará la decisión judicial.

La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.

“Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó la dirigente a Canal Abierto.

Por este motivo, agregó, sobre Vialidad Nacional no tiene efecto lo que establece la Ley Bases, que es la legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar ese organismo. “Esto es inconstitucional”, sentenció.

De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.

Mcnamara destacó que el objetivo es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”. Y a este problema “no se lo resuelve ni desfinanciando ni disolviendo nacional”, destacó.

“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó.

La presentación de Sevina no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Este último planteo pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que, por lo tanto, se suspendan sus efectos.