En una sesión histórica, la Cámara de Diputados de la Nación logró reunir las mayorías necesarias para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, una iniciativa que cuenta con amplio consenso social. La votación finalizó con 174 votos a favor y 67 en contra, y ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Senadores.
En la misma sesión, los diputados también rechazaron el veto a la emergencia pediátrica, con 181 votos a favor y 60 en contra.
La votación se realizó mientras una multitud se concentraba en la Plaza de los Dos Congresos, en el marco de la Tercera Marcha Federal Universitaria. Tras conocerse los resultados, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que destacó la situación crítica de las universidades, del sistema científico y de los estudiantes, y agradeció a los legisladores que votaron para sostener las iniciativas que habían sido vetadas por el presidente.
El CIN recordó que, durante todo el país, la sociedad argentina se manifestó en defensa de causas fundamentales como la discapacidad, la salud pública, las jubilaciones, la universidad pública y el sistema científico. El consejo señaló que la marcha fue una expresión colectiva de estas demandas y reafirmó que las instituciones educativas y científicas representan un patrimonio que debe ser protegido y fortalecido.
En su declaración, el CIN denunció que, frente a la falta de respuesta del gobierno, la negación al diálogo, la difamación, los agravios y la profundización del ajuste y del desfinanciamiento, los ciudadanos salieron a las calles para pedir al gobierno que cese en el hostigamiento y a los legisladores que no abandonen a la universidad pública, a la ciencia nacional ni a la salud de los más jóvenes y de los mayores.
El organismo destacó la importancia de la labor de los diputados, muchos de ellos graduados de universidades públicas, quienes, según el CIN, actuaron con memoria y compromiso para garantizar que las generaciones presentes y futuras tengan las mismas oportunidades. “Nos emociona saber que lo hicieron y por tan contundente mayoría”, expresaron.
El comunicado del CIN detalló la gravedad de la crisis: la pérdida presupuestaria en términos reales supera el 30%, y 90 obras de infraestructura permanecen paralizadas y sin financiamiento. La crisis salarial y de condiciones laborales afecta de manera particular a docentes y nodocentes, cuyos salarios están, en gran parte, por debajo de la línea de pobreza. La entidad señaló que la política de reducción salarial aplicada por el gobierno impacta especialmente en el sector universitario, afectando la calidad académica y la vocación de quienes trabajan en las casas de estudio.
La declaración también abordó la situación del sistema científico: la paralización de la Agencia I+D+i dejó sin recursos a miles de grupos de trabajo, afectando la continuidad de proyectos, la apertura de nuevas líneas de investigación, la formación de jóvenes investigadores y la vinculación internacional. Además, la reducción del ingreso a la carrera de investigador del CONICET y la falta de llamados en los últimos dos años precarizan trayectorias y desalientan vocaciones, comprometiendo la soberanía científica y tecnológica del país.
El CIN advirtió que la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, la interrupción de programas estratégicos y el desfinanciamiento de organismos como el INTA, el INTI o el BNDG profundizan la crisis universitaria y científica. Recordó que las universidades representan más del 60% de la investigación en el país y forman la base del desarrollo nacional, y que el ajuste actual compromete tanto el presente como el futuro de la educación y la ciencia.
La situación de los estudiantes también fue resaltada. Según el CIN, las becas universitarias no se actualizan, los programas de asistencia incluyen requisitos cada vez más excluyentes y no existen políticas orientadas a fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso. Esto obliga a miles de jóvenes a abandonar sus estudios. La entidad exigió actualizar las becas conforme a la inflación, diversificar programas, garantizar un boleto educativo federal y priorizar a los estudiantes, “razón de ser del sistema universitario”.
El veto presidencial a la ley de financiamiento fue calificado por el CIN como un ataque al derecho a la educación, a la soberanía y al futuro de la juventud. La ley, considerada responsable fiscalmente, resolvía los problemas más urgentes del sector. Gracias al compromiso del Congreso, el proyecto ahora comienza a tener vigencia.
El CIN instó a los senadores a confirmar lo decidido por la Cámara de Diputados y al presidente de la Nación a promulgar la ley de inmediato, recordando que “sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia ni universidad no hay futuro”.
Finalmente, el consejo celebró la participación de la sociedad y destacó el rol de la universidad pública como motor de movilidad social, conocimiento y desarrollo, reafirmando su importancia para garantizar igualdad de oportunidades y progreso para las generaciones futuras.
“¡Gracias diputados y diputadas! ¡Gracias Argentina! ¡Universidad pública siempre!”, concluyó la declaración del CIN.