Intendentes bonaerenses en alerta por la advertencia del Gobierno nacional de no autorizar la deuda para Kicillof

La advertencia de la Casa Rosada de no convalidar la toma de deuda solicitada por la Provincia de Buenos Aires encendió señales de alarma entre los 135 intendentes bonaerenses.

La preocupación surge porque una parte central del financiamiento aprobado por la Legislatura —el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal— depende directamente del visto bueno del Gobierno nacional.

El esquema acordado la semana pasada en la Legislatura, tras intensas negociaciones entre el oficialismo provincial y sectores de la oposición, contempla que el 8% del endeudamiento que logre emitir la Provincia se destine a los municipios. A ese porcentaje se suma un monto fijo de USD 250 millones provenientes de Rentas Generales.

No obstante, el refuerzo variable queda condicionado a que el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete autoricen la operatoria, algo que desde Nación ya dejaron entrever que no ocurrirá al considerar que implica contraer “nueva deuda”.

Desde el equipo económico de Axel Kicillof sostienen que Buenos Aires cumple holgadamente con los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal y que el nivel actual de servicios de deuda —apenas por encima del 7% de los recursos corrientes netos de coparticipación municipal— está muy por debajo del límite del 15% previsto en la normativa.

También recuerdan que incluso las provincias que superan ese tope conservan la posibilidad de refinanciar obligaciones, según el artículo 22 de la ley nacional, lo que —argumentan— debería despejar cualquier objeción.

Sin embargo, la incertidumbre ya se trasladó al territorio. Intendentes de distintos signos políticos comenzaron a pedir reuniones con funcionarios provinciales para conocer cómo afectará esta situación al flujo de fondos previsto para 2026.

Entre los alcaldes del interior, donde los presupuestos son más ajustados, la inquietud es mayor. “En el conurbano tenemos más margen para cubrir sueldos y aguinaldos; el escenario del interior es distinto”, señaló un jefe comunal peronista de la Primera sección electoral.

El cronograma de pagos previsto para el fondo municipal incluye desembolsos escalonados: hasta $20.000 millones distribuidos según el Coeficiente Único de Distribución y hasta $30.000 millones para programas provinciales, con fechas fijadas para el 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2026. Para 2027 se proyectan otros dos pagos de hasta $50.000 millones cada uno, a concretarse el 30 de abril y el 30 de junio. En todos los casos, los montos dependen del límite del 8% del endeudamiento autorizado.

En declaraciones televisivas, Kicillof defendió la necesidad del financiamiento y cuestionó la postura del Gobierno nacional. Aseguró que la solicitud “responde exclusivamente a los vencimientos que enfrenta la Provincia” y descartó que se trate de un intento de cubrir gastos corrientes.

También apuntó contra la administración central por su negativa a habilitar la emisión bonaerense mientras permite que otras jurisdicciones —como Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe— coloquen deuda en el exterior. “El Gobierno nacional no tiene cara. Ellos sí siguen endeudándose, incluso con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?”, lanzó.

Con los plazos administrativos en marcha y los municipios esperando definiciones, la tensión entre Nación y Provincia vuelve a trasladarse al terreno financiero y amenaza con complicar el inicio del próximo año para numerosos distritos.