El acceso a la vivienda en alquiler se consolida como uno de los principales factores de presión sobre los ingresos de los hogares juninenses. Con un costo que ronda los 450 mil pesos mensuales para un departamento de dos ambientes, más expensas y servicios, para una persona cerca del 70 por ciento de un salario promedio termina absorbido por gastos habitacionales básicos, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Así lo explicó el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, quien trazó un diagnóstico sobre la evolución del mercado locativo durante el último año y el impacto que tiene sobre inquilinos y propietarios.
“Realmente es así. Los montos generales y el nivel general de precios han sufrido incrementos variables durante todo el transcurso de 2025”, señaló el referente del sector inmobiliario local, al describir un escenario atravesado por actualizaciones contractuales que no siempre reflejan la realidad económica.
Di Palma remarcó que los ajustes en los alquileres estuvieron determinados por los índices vigentes, como el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los cuales “marcaron el incremento de los contratos durante todo el año, pero muchas veces no se condicen con la inflación real”.
En ese sentido, explicó que al momento de la finalización de los contratos o la desocupación de los inmuebles, las renovaciones suelen realizarse con subas que oscilan entre el 20 y el 30 por ciento respecto del valor que se venía pagando, lo que, lejos de reflejar un atraso para los inquilinos, evidencia también una pérdida de rentabilidad para los propietarios.
“Esto habla de un atraso en la rentabilidad de acuerdo al nivel general de precios”, sostuvo Di Palma, y agregó que esta situación se ve directamente relacionada con la evolución de los salarios. “El nivel general de salario no ha sufrido incrementos satisfactorios ni ha alcanzado el nivel inflacionario real”, afirmó.
La consecuencia directa de este desfasaje es una marcada pérdida de poder adquisitivo, que se traduce en menor consumo y en un peso cada vez mayor de los gastos fijos dentro del ingreso mensual. “La locación, junto con los servicios, tasas, contribuciones e impuestos municipales, provinciales y nacionales, se lleva un porcentaje muy alto del salario”, explicó el titular del Colegio de Martilleros.
Desde el sector inmobiliario advierten que el panorama actual representa un desafío tanto para inquilinos como para propietarios, en un mercado que busca equilibrio en medio de un contexto económico adverso.
“Este es el panorama que afrontan hoy los inquilinos y el panorama general de la locación”, resumió Di Palma, quien expresó expectativas de mejora hacia adelante: “Esperamos que se pueda revertir la situación, que se recupere el poder adquisitivo del asalariado y que finalmente se vea un crecimiento de la economía que produzca un rebalse general en el ingreso per cápita de la provincia de Buenos Aires”.
En un contexto económico que continúa marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos durante febrero de 2026. El inicio del año encuentra a numerosos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al sostenido aumento del costo de vida, especialmente en rubros esenciales como vivienda, servicios y transporte.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales presentan una dinámica heterogénea. Mientras algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, otros continúan registrando subas, en particular en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.
La estacionalidad de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese escenario, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra en un escenario donde el peso del alquiler, las expensas y los servicios supera ampliamente los niveles recomendados de ingreso.
De acuerdo al relevamiento, las remuneraciones pretendidas muestran amplias diferencias según el sector:
Gerencia y Dirección General: $1.918.748
Ingenierías: $1.858.324
Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762
Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
Producción y Manufactura: $1.424.150
Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
Marketing y Publicidad: $1.365.305
Seguros: $1.333.043
Sociología / Trabajo Social: $1.288.613
Diseño: $1.277.329
Naviero, Marítimo y Portuario: $1.256.460
Abastecimiento y Logística: $1.241.584
Departamento Técnico: $1.143.708
Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
Oficios y Otros: $1.062.924
Secretarías y Recepción: $1.046.285
Enfermería: $1.008.317
Gastronomía y Turismo: $958.493
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150
Estos valores permiten dimensionar la tensión existente entre ingresos y gastos fijos, sobre todo en ciudades como Junín, donde el costo mensual de un alquiler de dos ambientes, sumado a expensas y servicios, puede absorber más del 65 por ciento de un salario promedio, profundizando el deterioro del poder adquisitivo y condicionando la economía cotidiana de los hogares.