La nueva baja del dólar volvió a encender un debate que ya no se limita a los analistas económicos ni a los grandes centros urbanos. En ciudades del interior como Junín, la sensación se repite en comercios, estaciones de servicio y mesas familiares: los precios en pesos no dejan de subir, y medidos en dólares resultan cada vez más caros.
La paradoja se profundiza en un contexto donde los indicadores oficiales de inflación muestran una desaceleración, mientras que en la economía cotidiana los aumentos continúan, en torno a la suba de impuestos y servicios por lo que producir se vuelve más caro. El fenómeno, que se replica en distintos puntos del país, impacta de lleno en el poder adquisitivo y en la percepción social del costo de vida.
Hoy, con un dólar que supo superar la barrera de los 1.500 pesos y que actualmente ronda los 1.400, muchos consumos habituales adquieren valores que, convertidos a moneda estadounidense, llaman la atención incluso en comparación con mercados internacionales.
Algunos ejemplos ilustran la situación. En Junín, una pizza puede superar fácilmente los 20 dólares al tipo de cambio actual. Un superpancho en la Laguna de Gómez se ubica en torno a los 5 dólares. Una gaseosa de primera marca, en presentación de un litro, ronda los 3 dólares en un supermercado. Cargar nafta premium implica pagar cerca de 1,5 dólares por litro. Un pantalón de jean puede alcanzar los 50 dólares, mientras que el kilo de asado se mueve en torno a los 18 dólares.
Más allá de las diferencias de calidad, ubicación o promociones, la referencia en dólares deja en evidencia un fenómeno que se volvió recurrente en la Argentina reciente: precios que se encarecen en moneda dura aun cuando la inflación general desacelera.
Uno de los rubros que mejor expone esta dinámica es el de los alimentos, en particular la carne. Durante enero, distintos cortes registraron subas cercanas al 20 por ciento en apenas un mes, un incremento que supera ampliamente la evolución de muchos salarios.
El problema central, advierten economistas y referentes sectoriales, es el desacople entre ingresos y precios. Mientras los valores de bienes y servicios continúan ajustándose, los salarios muestran una marcada rigidez. En términos generales, el ingreso promedio mensual se ubica alrededor del millón de pesos, un monto que, en la práctica, se diluye rápidamente frente a los gastos fijos.
Alquiler, servicios, impuestos y tasas absorben una porción creciente del presupuesto familiar. En ese escenario, el margen para el consumo se achica, aun cuando los indicadores macroeconómicos sugieren una menor presión inflacionaria.
El mercado locativo es uno de los factores que más inciden en esta ecuación. El acceso a la vivienda en alquiler se consolidó como una de las principales fuentes de presión sobre los ingresos. Con valores que rondan los 450 mil pesos mensuales para un departamento de dos ambientes —a lo que se suman expensas y servicios—, el peso del gasto habitacional puede representar más del 60 o 70 por ciento de un salario promedio.
En ciudades intermedias como Junín, donde los ingresos suelen moverse en torno a promedios generales, la combinación de precios en alza y dólar a la baja genera un efecto particular: la economía se vuelve más cara en dólares, pero no necesariamente más accesible en pesos.
El resultado es una percepción cada vez más extendida entre los consumidores. Aun cuando la inflación desacelera, cada compra exige un esfuerzo mayor. Y aunque el dólar retroceda, la vida cotidiana no parece abaratarse.
La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas tras cerrar 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente.
Según datos oficiales del Banco Central, el deterioro es desigual. Mientras la irregularidad en empresas se ubicó en 2,5%, la mora en préstamos a personas físicas alcanzó el 9,3%, evidenciando mayores dificultades en los hogares.
Las tensiones en la capacidad de pago se explican por una combinación de factores:
Tasas de interés aún elevadas
Inflación persistente
Salarios que no logran recomponerse con fuerza
Paradójicamente, el crédito al sector privado creció un 36,9% en términos reales, lo que amplió la exposición al riesgo.
Fuera del sistema bancario tradicional, el escenario es más delicado. En entidades no bancarias, el índice de irregularidad asciende al 22,8%, afectando especialmente a sectores con menor acceso al crédito formal.
En un escenario atravesado por la incertidumbre económica y la presión sobre el costo de vida, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos durante febrero de 2026.
De acuerdo con relevamientos recientes del mercado laboral, las expectativas presentan un comportamiento heterogéneo. Algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, mientras que otros continúan registrando subas, particularmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.
Las remuneraciones pretendidas exhiben fuertes diferencias según el rubro:
Gerencia y Dirección General: $1.918.748
Ingenierías: $1.858.324
Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
Producción y Manufactura: $1.424.150
Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
Gastronomía y Turismo: $958.493
Atención al Cliente / Call Center: $886.150
Los valores permiten dimensionar la tensión entre ingresos y gastos fijos, especialmente en ciudades como Junín. Allí, el alquiler de un departamento de dos ambientes, junto con expensas y servicios, puede absorber más del 70% de un salario promedio, condicionando el consumo y profundizando la pérdida de poder adquisitivo.
El centro de Junín, corazón histórico del comercio local, exhibe una postal que genera inquietud: locales vacíos, persianas bajas y carteles de alquiler que se multiplican en las principales arterias.
Aunque no existen cifras oficiales locales sobre cierres en lo que va de 2026, comerciantes coinciden en que el vaciamiento se volvió más visible. Fachadas que antes mostraban vidrieras activas hoy aparecen desocupadas o con liquidaciones por cierre.
El fenómeno no es aislado. En distintas ciudades del país se reportan bajas de comercios, mientras que en la provincia de Buenos Aires se estiman más de 5.300 empresas cerradas desde 2023, según datos provinciales. A nivel nacional, el comercio minorista pyme cerró 2025 con una caída interanual del 5,2% en ventas.
Entre los factores que explican el escenario aparecen:
Consumo debilitado: salarios que no logran recomponer poder de compra.
Costos crecientes: alquileres, servicios y reposición de stock presionan márgenes.
Competencia externa y digital: importaciones y plataformas globales alteran el mercado.
Carga fiscal: obligaciones impositivas que complejizan la sostenibilidad.
“Ya no alcanza con abrir todos los días. La gente compra menos y compara más”, resume un comerciante del microcentro. Otros apuestan a una mejora estacional, aunque reconocen que la recuperación depende de variables macroeconómicas que exceden al comercio local.
Mientras tanto, el centro urbano refleja una tensión más amplia: la de una economía real que aún no logra consolidar una recuperación sostenida.