Petrecca impulsa declarar esencial la educación para garantizar el dictado de clases en la Provincia

En medio de un contexto marcado por reiteradas interrupciones del calendario escolar en la provincia de Buenos Aires, el senador bonaerense Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley para declarar esencial el servicio educativo en todo el territorio provincial, con el objetivo de garantizar la continuidad de las clases.

La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense y acompañada por la totalidad de la bancada, propone establecer un marco legal que asegure la continuidad, regularidad y calidad del servicio educativo, incluso en situaciones de conflicto que puedan afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Según se detalla en el proyecto, ante escenarios que interrumpan o pongan en riesgo el dictado de clases, la autoridad de aplicación deberá garantizar prestaciones mínimas obligatorias para preservar el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación.

Entre esas prestaciones mínimas se incluyen:

• la apertura de los establecimientos educativos,

• la presencia de personal directivo y docente suficiente para el dictado de clases,

• la continuidad de los servicios alimentarios escolares y de apoyo social,

• el mantenimiento del servicio de limpieza en las instituciones educativas,

• y la continuidad del transporte escolar rural.

Petrecca señaló que el objetivo central del proyecto es poner en el centro del debate el derecho de los estudiantes a aprender, en un sistema educativo que atraviesa tensiones estructurales y conflictos recurrentes.

“La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”, afirmó.

El legislador aclaró que la propuesta no busca cuestionar el derecho de huelga ni los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sino garantizar que el derecho de los estudiantes a aprender se mantenga protegido incluso en contextos de conflicto.

En ese marco, destacó el rol central de los docentes dentro del sistema educativo y sostuvo que su tarea debe ser acompañada con condiciones laborales adecuadas y salarios acordes a la responsabilidad que implica formar a las nuevas generaciones.

Sin embargo, el senador advirtió que el sistema educativo bonaerense no puede seguir funcionando bajo una lógica de conflicto permanente, donde en muchas ocasiones los estudiantes terminan siendo los más perjudicados.

“En la provincia existe una dinámica preocupante donde algunos actores sindicales participan simultáneamente de instancias de negociación, de presión y también de espacios de decisión dentro del propio sistema educativo. Ese doble rol termina generando tensiones permanentes que afectan directamente el funcionamiento de las escuelas”, explicó.

Según Petrecca, esta ambivalencia institucional muchas veces termina trasladando el conflicto al aula, afectando la continuidad del ciclo lectivo y perjudicando especialmente a los alumnos más vulnerables.

“Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente, los chicos quedan en el medio. Y la escuela no puede convertirse en rehén de intereses corporativos o disputas sectoriales que se repiten todos los años”, sostuvo.

El legislador remarcó además la necesidad de mayor previsibilidad institucional y reglas claras dentro del sistema educativo provincial, para evitar que los conflictos se traduzcan de forma sistemática en suspensión de clases.

“El sistema educativo necesita responsabilidades claras y un marco institucional que priorice el derecho a aprender. Cuando el conflicto se vuelve permanente, quienes pagan el costo son siempre los estudiantes”, expresó.

Finalmente, Petrecca aseguró que el proyecto busca introducir una herramienta institucional concreta para ordenar el funcionamiento del sistema educativo bonaerense.

“La educación pública se defiende con hechos. Defenderla es garantizar que la escuela esté abierta, que los docentes puedan enseñar y que los chicos puedan aprender”, concluyó.

La iniciativa apunta a proteger el derecho a la educación y asegurar la continuidad del aprendizaje, incluso en contextos de tensión, bajo la premisa de que cuando la escuela se detiene, la desigualdad avanza.