El 24 de marzo de 1976, Argentina sufrió el último golpe de Estado de su historia reciente. Pero aquel quiebre institucional no fue un hecho aislado ni exclusivamente doméstico: se inscribió en un entramado internacional y regional que convirtió a América Latina, durante las décadas de 1960 y 1970, en un escenario atravesado por dictaduras militares, coordinación represiva y profundas transformaciones económicas.
El golpe argentino se produjo en una región donde las Fuerzas Armadas ya habían tomado el poder —o lo harían en breve— en varios países. Brasil vivía bajo dictadura desde 1964; Paraguay desde 1954; Bolivia había caído en manos militares en 1971; Chile y Uruguay en 1973. En ese contexto, la irrupción de la Junta Militar en Argentina no hizo más que completar un mapa regional dominado por gobiernos de facto.

Este proceso no fue casual. Respondió a una convergencia de factores internos —crisis políticas, conflictividad social, desgaste institucional— y externos, enmarcados en la lógica global de la Guerra Fría. América Latina se convirtió en un territorio estratégico en la disputa entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética.
A mediados de los años ’70, el mundo atravesaba la etapa de “distensión” o détente entre las superpotencias. Sin embargo, esa relativa calma no implicó una menor intervención en regiones periféricas. Por el contrario, en el llamado “Tercer Mundo”, la expansión de movimientos revolucionarios encendía alarmas en Washington.
Estados Unidos salía debilitado de la guerra de Vietnam, enfrentaba una crisis económica agravada por la competencia internacional y por el impacto de la crisis del petróleo de 1973. En paralelo, el sistema económico global también se transformaba: el fin de los acuerdos de Bretton Woods en 1971 y la ruptura de la convertibilidad del dólar en oro marcaron el inicio de una nueva etapa financiera, caracterizada por la inestabilidad y el avance de políticas monetaristas.
En ese escenario, las ideas desarrollistas que habían sostenido el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) comenzaron a perder terreno frente a enfoques neoliberales. América Latina, con economías vulnerables, endeudamiento creciente y desequilibrios estructurales, se convirtió en terreno fértil para ese cambio de paradigma.
Las dictaduras militares no solo impusieron un orden político represivo, sino que también impulsaron profundas reformas económicas. Chile, bajo el mando de Augusto Pinochet, fue el primer caso en el mundo donde se aplicaron de manera sistemática políticas neoliberales: liberalización de mercados, privatizaciones, desregulación y apertura económica.
Ese modelo se replicó, con matices, en otros países de la región, incluida Argentina tras el golpe de 1976. El resultado fue un progresivo desmantelamiento del Estado como actor central en la vida económica y social, en beneficio de sectores concentrados y del capital transnacional.
Uno de los aspectos más oscuros de este período fue la articulación represiva entre las dictaduras del Cono Sur a través del Plan Cóndor. Este sistema de cooperación permitió la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.

Bajo la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional —impulsada por Estados Unidos—, las Fuerzas Armadas identificaron como “enemigo interno” a todo aquel vinculado, real o supuestamente, a ideologías de izquierda. La represión no fue un efecto colateral, sino una herramienta central para garantizar el disciplinamiento social necesario para implementar el nuevo modelo económico.
El respaldo estadounidense a los regímenes militares se expresó tanto en la formación de cuadros —muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas— como en documentos estratégicos como el Informe Rockefeller de 1969, que proponía una relación más pragmática con los gobiernos militares de la región.
La premisa era clara: priorizar la estabilidad política y la contención del comunismo, incluso a costa de la democracia. En ese marco, los militares fueron concebidos como actores capaces de garantizar el orden y facilitar transformaciones estructurales.
Las dictaduras latinoamericanas dejaron un saldo económico y social profundo. El endeudamiento externo se disparó, la industria local se debilitó y la desigualdad se acentuó. En la década de 1980, muchos países enfrentaron la llamada “década perdida”, marcada por el estancamiento económico y la crisis de la deuda.
Pero el costo más dramático fue humano. Miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas o exiliadas; cientos de niños fueron apropiados ilegalmente. Esas heridas, lejos de cerrarse, siguen presentes en la memoria colectiva de la región.
A medio siglo de aquellos acontecimientos, el golpe de Estado de 1976 en Argentina no puede comprenderse sin mirar el contexto regional e internacional que lo rodeó. Fue parte de una estrategia más amplia que transformó a América Latina en un laboratorio político y económico, cuyas consecuencias aún resuenan en el presente.
Fuente: UNICEN