Privadas o públicas, que las hagan como quieran, pero las obras en rutas no pueden esperar más

Privadas o públicas, que las hagan como quieran, pero las obras en rutas no pueden esperar más. Ese debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre infraestructura vial en la Argentina. Porque antes que un debate ideológico, lo que está en juego es algo mucho más básico, la vida de quienes transitan todos los días por rutas que hoy están en estado crítico.

Van dos años y tres meses de gestión sin avances concretos en el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el noroeste bonaerense. Ni bacheo sostenido, ni repavimentación, ni siquiera tareas mínimas de demarcación.

Lo poco que se hizo —como aquel emparchado con pavimento frío en algunos tramos de la Ruta 7— tuvo más que ver con una visita presidencial que con un plan estructural. Y eso, lejos de tranquilizar, expone una lógica preocupante: la obra pública como reacción, no como política.

Mientras tanto, el deterioro avanza. Nuevos baches aparecen, las líneas sobre la calzada desaparecen y la conducción se vuelve cada vez más riesgosa. Manejar ya no es solo respetar normas: es esquivar pozos, calcular maniobras bruscas y rezar para que nadie venga de frente cuando uno se ve obligado a invadir el carril contrario o tirarse a la banquina.

La situación no es nueva, pero sí cada vez más grave. Hace más de dos años que no se realizan tareas de mantenimiento en corredores clave como la Ruta 7 o la 188. Y eso tiene consecuencias directas: más desgaste vehicular, más costos para transportistas, más riesgo para todos.

El transporte de carga, motor silencioso de la economía regional, es uno de los sectores más golpeados. Cada pozo es una rotura potencial, cada kilómetro en mal estado es plata que se pierde. Pero el impacto no es solo económico. Es, sobre todo, humano.

En enero, en apenas dos semanas, más de 15 personas murieron en siniestros viales en rutas de la región. Choques frontales, despistes, vuelcos. Muchos de ellos en tramos ya señalados como peligrosos. No se trata de fatalidades inevitables, son consecuencias de una infraestructura abandonada.

A esto se suma la paralización de obras estratégicas. La transformación en autopista de las rutas 5 y 7 sigue detenida, incluso en sectores con alto grado de avance. El caso más emblemático es la variante de Chacabuco: más del 70% ejecutado, distribuidores construidos, traza asfaltada… y todo frenado. Una obra pensada para salvar vidas hoy se convierte, por su abandono, en un símbolo del problema.

El contraste es evidente: mientras se avanza con la privatización de Corredores Viales y se proyecta la instalación de más cabinas de peaje, no hay un plan claro para garantizar el mantenimiento básico ni para reactivar las obras paralizadas. Y eso abre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué se está priorizando? Porque el usuario paga. Y paga cada vez más. Pero circula por rutas cada vez peores.

La discusión sobre si las rutas deben ser gestionadas por el Estado o por privados es válida. Pero es secundaria frente a la urgencia. Lo que no puede seguir pasando es que, en medio de ese debate, no haga nadie lo que hay que hacer ahora: tapar pozos, repintar líneas, terminar obras.

No hay transición que excuse el abandono.