El acceso a la vivienda volvió a instalarse en el centro del debate político en Junín. Actualmente, los dos principales proyectos de construcción de viviendas sociales que se desarrollaban en la ciudad permanecen paralizados, dejando sin respuesta a 174 familias que esperaban acceder a una casa propia.
Por un lado se encuentran las 25 viviendas del barrio La Celeste, un proyecto que fue aprobado y licitado en 2016 dentro del Programa Solidaridad con Municipios del Plan de Financiamiento de Construcción de Viviendas de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras comenzaron en 2019, sufrieron una interrupción, fueron reactivadas en junio de 2022 mediante un trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia y, para abril de 2023, ya registraban un 55% de avance.
En aquel momento, el entonces intendente Pablo Petrecca recorría el predio y destacaba el progreso de los trabajos. "Esperamos terminar muy pronto para que 25 familias puedan acceder a una vivienda", señalaba, al tiempo que remarcaba la importancia de seguir impulsando nuevos planes habitacionales junto al Gobierno bonaerense.
Sin embargo, tres años después la realidad es muy distinta. La obra permanece nuevamente detenida y el Gobierno de Junín reclama que la Provincia defina su futuro.
En los últimos días, el intendente Juan Fiorini, acompañado por el senador provincial Pablo Petrecca, solicitó formalmente al Gobierno de Axel Kicillof que reactive la construcción o transfiera las viviendas al Municipio para que pueda terminarlas con recursos propios.

Según sostuvieron desde el Ejecutivo local, los terrenos fueron cedidos por la comuna y la paralización obedeció a incumplimientos y problemas económicos de las empresas contratistas. Fiorini aseguró que el Municipio está dispuesto a hacerse cargo de la finalización del complejo si la Provincia decide ceder el proyecto.
No obstante, el planteo también generó cuestionamientos desde la oposición. El concejal Fernando Burgos pidió que el Ejecutivo municipal haga público el expediente completo de las gestiones realizadas ante la Provincia.
El edil solicitó conocer el número de expediente, la fecha de presentación, el contenido de la nota enviada, las actuaciones administrativas y las eventuales respuestas oficiales.
"Si realmente existe una gestión formal para destrabar esta situación, queremos conocerla y acompañarla. No hay lugar para mezquindades cuando se trata de que 25 familias puedan acceder a su vivienda", expresó Burgos.
Además, sostuvo que "la transparencia también implica mostrar las gestiones que se dicen haber llevado adelante" y reclamó que toda la documentación sea remitida al Concejo Deliberante para su análisis.
La paralización de las viviendas de La Celeste no es un tema nuevo. En abril de 2022, cuando la obra llevaba un avance estimado de entre el 20 y el 30%, la entonces concejal Clara Bozzano presentó un pedido de informes para conocer las razones del freno de los trabajos.

En aquella oportunidad advirtió que el déficit habitacional de Junín hacía indispensable reactivar la construcción y recordó que el Municipio era el responsable de la ejecución del convenio firmado originalmente entre la administración de María Eugenia Vidal y el entonces intendente Pablo Petrecca.
El segundo gran proyecto habitacional es el desarrollo urbanístico del Procrear, integrado por 149 viviendas ubicadas en el predio de Borchex y Capitán Vargas.
La iniciativa comenzó a ejecutarse en septiembre de 2021, luego de la firma del contrato entre el Estado nacional y la empresa constructora. El proyecto contemplaba la construcción de viviendas destinadas al acceso mediante créditos del programa Procrear y representaba una de las mayores inversiones habitacionales de los últimos años en la ciudad.
En ese momento se estimaba un plazo de obra de un año, una inversión cercana a los 800 millones de pesos y la generación de más de 600 puestos de trabajo durante la ejecución.
Sin embargo, la discontinuidad del programa Procrear dejó la obra inconclusa y, recientemente, el Gobierno nacional avanzó con la decisión de subastar tanto el predio como las viviendas inconclusas.
La medida generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos al considerar que implica dejar sin efecto el destino social para el cual habían sido cedidas las tierras.
La senadora provincial Valeria Arata rechazó la decisión del Gobierno nacional y sostuvo que el remate representa la pérdida de un patrimonio destinado originalmente a garantizar el acceso a la vivienda.
Además, cuestionó la falta de una postura firme del Gobierno municipal frente a la medida y recordó que los terrenos habían sido cedidos durante la gestión del exintendente Mario Meoni con el objetivo de desarrollar un complejo habitacional para familias de Junín.
Según afirmó, la subasta implica que cientos de familias pierdan la posibilidad de acceder a su primera vivienda y que la ciudad deje de contar con un desarrollo urbanístico concebido para ese fin.
Aunque dependen de administraciones distintas, las dos principales obras habitacionales de Junín hoy comparten un mismo escenario: están paralizadas.
En el caso de La Celeste, el debate gira en torno a la responsabilidad de la Provincia para finalizar la obra o transferirla al Municipio, mientras que en el Procrear la discusión se centra en la decisión del Gobierno nacional de rematar un desarrollo que originalmente estaba destinado al acceso a la vivienda.
En ambos casos, el resultado es el mismo: 174 viviendas que continúan sin finalizar y cientos de familias que siguen esperando una respuesta para acceder a la casa propia, en medio de un creciente cruce de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado y la dirigencia política local.