Voluntarismo: afirman que la reparación privada de caminos rurales puede causar desastres hídricos

En diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires comenzó a consolidarse una tendencia impensada años atrás: ante el deterioro crónico de la red vial secundaria y terciaria y la creciente falta de recursos públicos municipales, grupos de productores agropecuarios comenzaron a organizarse para financiar y ejecutar de manera privada el mantenimiento de los caminos rurales.

Sin embargo, lo que asoma como una solución pragmática para garantizar la salida de la producción encendió una fuerte señal de alarma en el ámbito profesional.

Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestaron su apoyo a la iniciativa de colaboración privada, pero marcaron un límite conceptual y técnico contundente: intervenir la traza de un camino sin la conducción de profesionales matriculados ni los estudios hidráulicos correspondientes puede derivar en graves perjuicios ambientales, estructurales y legales.

El presidente de la institución, Jorge O. Castellano, fue tajante al evaluar este fenómeno emergente en los distritos bonaerenses.

Si bien valoró que el sector privado aporte capital frente a la restricción presupuestaria de las comunas, remarcó una máxima fundamental para la infraestructura: “El voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”.

Según el dirigente, cualquier obra vial vecinal exige planificación estricta y el cumplimiento riguroso de la legislación vigente para evitar que una solución coyuntural se transforme en un problema mayor.

El impacto invisible de alterar el escurrimiento del agua

La principal preocupación planteada por los ingenieros radica en la dinámica de las cuencas hídricas.

Modificar el perfil de un camino, alterar la pendiente de una cuneta, mover alcantarillas o intervenir el escurrimiento natural sin un cálculo previo no solo afecta al establecimiento rural donde se realiza la mejora.

Una mala maniobra con maquinaria pesada tiene el potencial de inundar o dejar sin drenaje a campos vecinos ubicados aguas arriba o aguas abajo, desatando conflictos entre los propios productores y eventuales demandas judiciales contra los municipios que autoricen esos trabajos de forma precaria.

Castellano explicó que el diseño o la recuperación de un camino de tierra requiere analizar variables complejas que van mucho más allá de rellenar pozo a pozo.

Es indispensable estudiar el tipo de suelo, la ubicación de las cuencas, los cruces de agua y, sobre todo, el nivel de exigencia que demandará la traza.

No requiere el mismo tratamiento un camino destinado al tránsito diario y pesado de la producción tambera que una huella orientada al transporte estacional de ganadería o agricultura. Cada caso demanda un proyecto específico con su correspondiente planialtimetría.

Asimismo, desde la entidad profesional cuestionaron las prácticas rutinarias que históricamente han demostrado su ineficiencia y que corren el riesgo de repetirse bajo la gestión privada.

Pasar la motoniveladora únicamente para emparejar la superficie suele ser un “maquillaje” de corta duración que, en muchas ocasiones, termina profundizando los problemas de erosión y acumulación de agua.

Marco legal, responsabilidades y el rol de los municipios

Frente al avance de estas iniciativas, el Colegio de Ingenieros recordó que en la Provincia de Buenos Aires existe un marco normativo claro que no queda abolido por el origen de los fondos.

La Ordenanza General 165/73 fija obligaciones precisas:

• realizar estudios preliminares,
• presentar proyectos ejecutivos,
• contar con la dirección técnica de profesionales habilitados
• obtener las aprobaciones administrativas antes de mover la primera máquina.

En este punto, la advertencia apunta directamente a los gobiernos locales. Los municipios, en su carácter de autoridades de aplicación y custodios de la red vial, son los responsables legales de exigir que cada intervención cuente con la firma y el control de ingenieros capacitados.

Permitir que consorcios o cooperativas privadas ejecuten obras sin fiscalización técnica no exime a las intendencias de sus responsabilidades frente a los daños que puedan generarse a terceros o al medio ambiente.

Para el Colegio bonaerense, el financiamiento privado representa una oportunidad valiosa.

Al asumir los productores con capacidad económica el costo de las trazas principales de sus zonas, los municipios podrían liberar partidas de fondos públicos para destinarlas a aquellos parajes y caminos secundarios que no cuentan con la misma capacidad de inversión.

Sin embargo, para que el modelo funcione y no se traduzca en recursos malgastados, el sector profesional insiste en dejar de lado la improvisación.

La participación privada solo se convertirá en una solución duradera si incorpora lo que habitualmente ha faltado en la gestión vial rural: planificación integral, análisis de impacto hídrico y rigurosidad técnica.

Financiar una obra es solo el primer paso; ejecutarla dentro de la ley y con criterios de ingeniería es lo que garantiza que el camino dure y la producción siga viaje.