Kicillof y Costa anunciaron medidas para proteger a consumidores de billeteras virtuales

En un contexto marcado por el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios de billeteras virtuales.

Las acciones surgieron a partir de las denuncias recibidas por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor contra distintas empresas del sector, a las que se acusa de presuntos incumplimientos de la normativa, además de situaciones de acoso y hostigamiento vinculadas al cobro de deudas.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof advirtió sobre el impacto del endeudamiento en los hogares y sostuvo que actualmente el 60% de la población adulta se encuentra endeudada, mientras que cerca de seis millones de personas están en situación de mora.

El Gobernador vinculó esta situación con la pérdida de poder adquisitivo de las familias y señaló que muchas personas debieron recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y alquileres.

En ese marco, cuestionó el crecimiento de las billeteras virtuales como prestadoras de crédito y remarcó que estas plataformas no están alcanzadas por las mismas regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades financieras.

“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos”, sostuvo Kicillof, quien además reclamó una mayor intervención del Gobierno nacional frente al nivel de endeudamiento de los hogares.

Más de 2.200 denuncias contra fintech

Por su parte, Augusto Costa informó que durante el primer semestre del año la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

Según explicó el funcionario, los reclamos están relacionados con presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, así como con prácticas de acoso y hostigamiento.

A partir de estas denuncias, la Provincia abrió un expediente de investigación y solicitó a las empresas que presenten información detallada sobre los criterios utilizados para establecer las tasas de interés y sobre la composición del costo financiero total de los créditos que ofrecen.

Las compañías involucradas deberán realizar sus correspondientes descargos. En caso de comprobarse las infracciones denunciadas, la normativa bonaerense contempla multas de hasta $1.883 millones, además de la obligación de revertir los incumplimientos detectados.

Costa destacó que las investigaciones ya se encuentran en marcha y aseguró que el Gobierno provincial utilizará las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones que afecten a consumidores en condiciones de vulnerabilidad.

Una problemática que alcanza a miles de hogares

El anuncio se produce en un escenario de creciente utilización del crédito para cubrir gastos cotidianos. El acceso inmediato a préstamos a través de billeteras virtuales permitió ampliar las alternativas de financiamiento, pero también generó preocupación por las tasas, los costos asociados y las modalidades utilizadas para reclamar el pago de las deudas.

Desde el Gobierno bonaerense plantearon que el objetivo de las medidas es reforzar los mecanismos de protección de los consumidores y garantizar que las empresas informen de manera clara las condiciones bajo las cuales otorgan sus créditos.

“Mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”, afirmó Costa, en referencia a las diferencias entre las políticas provinciales y nacionales.

Del anuncio también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.