Impulsan un proyecto de ley para que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas de la Provincia

Con el objetivo de dar respuesta al creciente problema del sobreendeudamiento que atraviesan miles de bonaerenses, fue presentado un proyecto de ley que propone crear un mecanismo específico de prevención, asesoramiento y tratamiento para las personas que enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Facundo Tignanelli y plantea la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, que tendría como uno de sus principales actores a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto busca que el organismo que conduce Guido Lorenzino pueda brindar acompañamiento gratuito a las personas sobreendeudadas y, además, intervenir en una instancia prejudicial obligatoria destinada a facilitar la negociación y reestructuración de las deudas antes de que los conflictos lleguen a la Justicia.

Una herramienta para negociar frente a los acreedores

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de dejar de analizar cada deuda de manera aislada para abordar la situación económica integral de la persona afectada. De esta manera, se buscará evitar que un acuerdo alcanzado con un acreedor termine haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas con otros.

La iniciativa contempla mecanismos de negociación entre consumidores y acreedores, con el objetivo de alcanzar soluciones compatibles con la verdadera capacidad económica de cada persona y preservar condiciones razonables de subsistencia para el deudor y su grupo familiar.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo bonaerense sostuvo que la intención es encontrar soluciones que contemplen a todas las partes involucradas.

“Buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”, señaló.

El Estado como mediador

Por su parte, Tignanelli remarcó la necesidad de generar herramientas que permitan equilibrar la relación entre los consumidores y las empresas acreedoras, especialmente frente a situaciones en las que las personas atraviesan graves dificultades económicas.

“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”, afirmó el legislador.

La propuesta establece que los acreedores deberán participar y colaborar en las instancias previstas por el régimen. La incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o la realización de maniobras dilatorias podrán ser consideradas incumplimientos.

Frenar abusos y evitar la judicialización

El proyecto también apunta a prevenir situaciones abusivas vinculadas al otorgamiento, administración y cobro de créditos, en un contexto en el que financieras, plataformas digitales y agencias de cobranza tienen una presencia cada vez mayor en la economía cotidiana de los consumidores.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran facilitar la regularización de las deudas, evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y otros cargos, y promover acuerdos que puedan ser efectivamente cumplidos por las personas endeudadas.

Además, se busca preservar, en la medida de lo posible, la conservación del crédito y el cumplimiento de las obligaciones, disminuir la cantidad de conflictos que terminan judicializados y garantizar condiciones de cobranza dignas, transparentes y libres de prácticas abusivas.

El asesoramiento que brindaría la Defensoría del Pueblo sería gratuito y permitiría coordinar negociaciones entre consumidores y acreedores. En caso de que el proyecto sea aprobado y se convierta en ley, esta instancia deberá cumplirse de manera obligatoria antes de avanzar con una negociación o conflicto por la vía judicial.

La iniciativa busca, de esta manera, incorporar una nueva herramienta estatal frente a una problemática que afecta a un número creciente de familias bonaerenses y que, en muchos casos, obliga a las personas a enfrentar simultáneamente múltiples deudas sin contar con mecanismos adecuados para ordenar su situación financiera.