El Honorable Concejo Deliberante de Junín aprobó este miércoles dos ordenanzas destinadas a fortalecer la protección de los derechos de consumidores y usuarios y ampliar las herramientas de intervención del Municipio frente a distintas situaciones de vulnerabilidad.
Las iniciativas abordan dos problemáticas específicas: el sobreendeudamiento de las familias y las dificultades que enfrentan determinados sectores de la población para ejercer plenamente sus derechos como consumidores.
Aunque se trata de normativas diferentes, ambas tienen un objetivo en común: acercar respuestas concretas a los vecinos, facilitar el acceso a sus derechos y reforzar el rol de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) como espacio de asesoramiento, acompañamiento y resolución de conflictos.
Una de las ordenanzas crea en el Partido de Junín el Procedimiento Municipal de Protección, Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas para Consumidores y Usuarios Sobreendeudados.
La herramienta busca generar alternativas administrativas, preventivas y conciliatorias para aquellas personas y familias cuyo nivel de endeudamiento comprometa el acceso a bienes y servicios esenciales.
La normativa incorpora principios vinculados al préstamo responsable y la buena fe y establece obligaciones para los proveedores de crédito. Entre ellas, brindar información clara y suficiente, evaluar adecuadamente la capacidad económica del consumidor y evitar prácticas que puedan favorecer situaciones de endeudamiento excesivo.
También establece límites frente a determinadas prácticas de cobranza consideradas abusivas. Entre otras cuestiones, se prohíbe contactar a familiares, vecinos o lugares de trabajo del deudor, realizar comunicaciones fuera de los horarios establecidos o durante días inhábiles, utilizar mensajes intimidatorios, amenazar con comunicar la deuda a empleadores o terceros y publicar nóminas de morosos sin una orden judicial.
A partir de esta normativa, los vecinos que atraviesen una situación de sobreendeudamiento podrán recurrir a la OMIC para presentar sus reclamos. El organismo deberá analizar cada situación y, cuando corresponda, impulsar un procedimiento que permita convocar a los acreedores y buscar alternativas para resolver el conflicto.
Entre las opciones contempladas aparecen la refinanciación de obligaciones, la adecuación de las cuotas a la capacidad de pago, la reducción de intereses punitorios, la consolidación de deudas y la implementación de planes especiales de cancelación.
La ordenanza también incorpora un eje preventivo, con el objetivo de actuar antes de que el endeudamiento se transforme en una situación difícil de revertir.
En ese marco, el Departamento Ejecutivo podrá desarrollar campañas de información y sensibilización sobre los derechos y responsabilidades de los consumidores, además de implementar programas destinados especialmente a sectores hipervulnerables.
También podrá impulsar planes de educación para el consumo orientados a promover una administración responsable de la economía familiar y prevenir situaciones de endeudamiento excesivo.
Estas acciones podrán llevarse adelante en conjunto con organismos públicos, universidades, asociaciones de consumidores, colegios profesionales y otras instituciones vinculadas con la problemática.
La segunda ordenanza crea el Programa Municipal de Protección, Asistencia y Difusión de Derechos de Consumidores Hipervulnerables, destinado a aquellas personas que, por diferentes circunstancias personales, sociales o económicas, encuentran mayores dificultades para ejercer sus derechos.
La normativa contempla, entre otros casos, a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores de 70 años, personas con discapacidad, migrantes, turistas, integrantes de pueblos originarios, personas que viven en zonas rurales y vecinos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
También se prevé que puedan incorporarse otras circunstancias particulares que justifiquen una protección reforzada.
En estos casos, los procedimientos administrativos deberán contemplar criterios de trato digno, utilización de lenguaje claro y accesible, celeridad, simplicidad y bajo costo, además de establecer un deber reforzado de colaboración por parte de los proveedores.
Con ambas ordenanzas, la OMIC adquiere nuevas herramientas para intervenir ante situaciones que pueden afectar de manera directa la economía y el acceso a derechos de los vecinos.
El organismo tendrá entre sus funciones orientar, asesorar y acompañar a consumidores hipervulnerables en sus reclamos, promover procedimientos más rápidos y de trato preferente, facilitar el acceso a los derechos, realizar gestiones ante proveedores y desarrollar acciones de educación, información y capacitación.
De esta manera, Junín incorpora un nuevo marco municipal de protección al consumidor que busca atender tanto las consecuencias del sobreendeudamiento como aquellas situaciones en las que determinadas condiciones personales, sociales o económicas colocan a una persona en una posición de mayor vulnerabilidad.
Las dos ordenanzas apuntan, en definitiva, a consolidar un sistema de defensa del consumidor más cercano, preventivo y accesible, con la Municipalidad y la OMIC como espacios de referencia para que los vecinos puedan recibir orientación, acompañamiento y herramientas para hacer valer sus derechos.