Dónde está la inclusión: me aumentaron la prepaga 1000% por ser discapacitado

Hace unas semanas decidí cambiar mi obra social del monotributo. La sede y oficina que tenía en Junín se fue de la ciudad y realizar cualquier trámite a la distancia comenzó a resultar cada vez más engorroso. A eso se suma una realidad que seguramente atraviesa a muchos trabajadores independientes: hoy prácticamente no existen obras sociales con atención presencial en Junín que acepten nuevas afiliaciones de monotributistas.

En ese contexto, me puse en contacto con una empresa de medicina prepaga nacida en Junín. La propuesta inicial parecía accesible. Me ofrecieron un plan con un descuento del 35 por ciento durante los primeros seis meses, por un valor cercano a los 120 mil pesos mensuales.

Todo marchaba normalmente. Fui a completar el formulario correspondiente y a firmar la documentación. Pero hubo una pregunta que terminó cambiando completamente el escenario: si tenía alguna discapacidad.

Respondí que sí.

En marzo de este año, después de diez años de haber sido diagnosticado con Síndrome de Tourette, había decidido tramitar mi Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No lo hice pensando en aprovechar supuestos beneficios ni porque necesite una cobertura especial. Tampoco porque requiera tratamientos costosos. De hecho, el único tratamiento psicológico que realizo actualmente lo pago de mi propio bolsillo.

Lo hice por otra razón. Por una cuestión de justicia social.

Porque durante muchos años sentí que lo que me pasaba no podía reducirse simplemente a "tics nerviosos". Porque los movimientos involuntarios que tengo no son algo que pueda elegir, controlar o apagar cuando quiero. Porque convivo con ellos desde los 12 años, cuando aparecieron los primeros movimientos, y también con la mirada de los demás, con la vergüenza, con las preguntas y con esas situaciones incómodas que una persona aprende a atravesar cuando su cuerpo hace algo que la sociedad no siempre comprende.

Obtener el certificado fue, en cierta forma, reconocer formalmente una realidad que me acompaña desde hace muchos años.

Volviendo al trámite de la prepaga, declaré mi condición y me retiré.

Pasaron varios días hasta que el vendedor volvió a comunicarse conmigo. La respuesta que recibí fue inesperada: la junta médica había determinado que debía acceder al plan más completo de la empresa, uno cuyo valor equivalía aproximadamente a un salario promedio.

¿El motivo?

Según me explicaron, la evaluación contemplaba el "peor" escenario posible en mi caso y la eventual necesidad de tratamientos.

Es decir, antes de que necesitara algo, antes de que existiera un tratamiento concreto que justificara ese costo y antes de que mi situación de salud cambiara, mi discapacidad ya se había transformado en un factor determinante para establecer cuánto debía pagar.

La diferencia con aquella primera propuesta era enorme. En términos porcentuales, el salto rondaba el 1000 por ciento.

Y ahí apareció la pregunta que todavía me hago: ¿dónde está la inclusión?

Porque durante años escuchamos hablar de inclusión, de derechos, de igualdad de oportunidades y de integración. Pero cuando una persona con discapacidad intenta acceder a algo tan básico como una cobertura de salud, puede encontrarse con que esa misma condición se convierte en una barrera.

No estoy cuestionando que una empresa de medicina prepaga tenga que analizar sus costos, establecer sus planes o evaluar determinadas situaciones médicas. Lo que cuestiono es qué lugar ocupa una persona con discapacidad dentro de un sistema que, en los hechos, puede hacerle sentir que su condición la vuelve más cara, más complicada o menos deseable como afiliada.

Frustrado por la situación, decidí no averiguar siquiera en otra empresa local. Sentí que no tenía sentido volver a atravesar el mismo proceso.

Entonces intenté buscar otra alternativa.

Me contacté la Dirección de Discapacidad para consultar si, a través de una pensión, podía acceder a una cobertura de salud. Y allí apareció otra dificultad: al ser monotributista y tener ingresos, me explicaron que no cumpliría con los requisitos necesarios.

Entiendo el criterio. Las políticas sociales deben contemplar la situación económica de quienes las necesitan. Pero también me quedó dando vueltas otra pregunta: ¿por qué la vulnerabilidad tiene que medirse solamente en términos económicos?

¿No existe también una vulnerabilidad vinculada a la salud?

¿Una persona tiene que estar prácticamente sin ingresos para que su discapacidad sea reconocida como una situación que merece protección?

Durante esa conversación incluso me preguntaron si alguno de mis padres era jubilado, para evaluar una alternativa relacionada con su cobertura. No quise profundizar demasiado en esa posibilidad. No porque no valore a mis padres, sino porque hay algo que me hizo ruido: tengo 40 años y me hago valer por mí mismo. Trabajo, soy monotributista, pago mis impuestos, intento sostener mi vida y mi actividad profesional.

Y entonces aparecen muchas preguntas.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión?

¿De campañas, carteles, discursos y fotografías?

¿De reconocer derechos solamente cuando la persona se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad económica?

¿O de construir un sistema en el que una persona con discapacidad pueda estudiar, trabajar, producir, pagar sus impuestos y también acceder a una cobertura de salud sin que su condición se transforme automáticamente en una penalización económica?

No pretendo que mi experiencia sea presentada como la realidad de todas las personas con discapacidad. Tampoco quiero convertir un caso personal en una generalización. Pero sí creo que estas situaciones merecen ser contadas.

Porque muchas veces la discapacidad no se ve.

Y quizás uno de los mayores problemas sea justamente ese: que mientras desde afuera se habla de inclusión, quienes convivimos con determinadas condiciones sabemos que todavía existen barreras que no aparecen en ninguna foto.

Yo no pedí que me regalaran nada.

No busqué una pensión para vivir del Estado.

No pretendí obtener un tratamiento que no necesito.

Simplemente intenté conseguir una cobertura de salud.

Y terminé preguntándome cuánto cuesta, realmente, ser una persona con discapacidad en una sociedad que dice querer incluirnos.