El senador provincial Pablo Petrecca volvió a reclamar al gobierno de Axel Kicillof el tratamiento de un proyecto destinado a regular y controlar el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, luego de que una investigación por una presunta extorsión derivara en distintos allanamientos, entre ellos uno realizado en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín.
Según informó el legislador, la causa investiga una presunta extorsión mediante chantaje contra un hombre de 59 años. En el marco de la investigación se realizaron procedimientos en distintos puntos de la ciudad y en el establecimiento penitenciario, debido a que uno de los presuntos involucrados se encontraba alojado allí y, de acuerdo con la investigación, parte de la maniobra habría sido desarrollada desde la unidad.
A partir de este episodio, Petrecca volvió a plantear la necesidad de avanzar con el proyecto que presentó hace 175 días en el Senado bonaerense, mediante el cual propone modificar el esquema vigente de comunicaciones dentro de las unidades penitenciarias y establecer un sistema regulado y supervisado por el Estado.
"Otra vez un delito que habría sido cometido, en parte, desde una cárcel bonaerense. Y otra vez tenemos que preguntarnos lo mismo: ¿cuántos casos más hacen falta para que Kicillof tome una decisión?", sostuvo el senador.
Petrecca viene reclamando desde abril el tratamiento de su iniciativa, que apunta a establecer mayores controles sobre el uso de dispositivos de comunicación por parte de las personas privadas de su libertad.
"Hace 175 días presentamos un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Pasaron casi seis meses y todavía seguimos esperando. Mientras tanto aparecen nuevos casos de estafas, amenazas y extorsiones vinculados al uso de teléfonos desde establecimientos penitenciarios", afirmó.
El legislador sostuvo que el episodio investigado en Junín vuelve a poner en discusión el funcionamiento de las comunicaciones dentro de las cárceles bonaerenses.
"El problema está a la vista. No estamos hablando de una hipótesis: aparecen investigaciones judiciales en las que los teléfonos dentro de las cárceles forman parte de las maniobras investigadas. Lo que falta es una decisión política para enfrentar el problema", señaló.
Petrecca agregó: "Donde debería haber seguridad no puede generarse más inseguridad. Y donde debería terminar el delito no podemos permitir que el delito continúe a través de un teléfono celular. Cada nuevo caso nos recuerda que seguimos perdiendo tiempo".
El presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense volvió a reclamar una definición por parte del Ejecutivo provincial y cuestionó el tiempo transcurrido desde la presentación de su iniciativa.
"Nuestro proyecto lleva 175 días esperando. Kicillof tiene que explicar qué piensa hacer frente a esta situación. Los bonaerenses necesitan una respuesta y el Estado tiene la obligación de darla", concluyó.
El planteo se produjo mientras continúa la investigación judicial por la presunta extorsión, en la que uno de los procedimientos tuvo lugar en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín.