Es ley el proyecto de Zona Fría y se elimina el subsidio al gas en el noroeste bonaerense

https://drive.google.com/drive/homeEl Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el subsidio automático al gas a los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

La iniciativa fue sancionada por 38 votos a favor y 8 en contra y deja fuera del beneficio territorial a localidades que habían sido incorporadas al régimen en 2021. En la provincia de Buenos Aires, la modificación alcanza a 94 municipios y alrededor de 1,24 millones de hogares, de acuerdo con estimaciones difundidas durante el debate legislativo.

Entre los distritos bonaerenses alcanzados se encuentra Junín, junto con otras localidades del noroeste y centro de la provincia, como Chacabuco, Lincoln, General Viamonte, General Pinto, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas y San Nicolás.

La reforma establece que el beneficio automático quedará concentrado en la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. En la provincia de Buenos Aires, Patagones será el único municipio que conservará el beneficio territorial por formar parte de la región patagónica.

Qué cambia en la factura de gas

Uno de los cambios centrales es que el descuento dejará de aplicarse sobre el esquema tarifario que contemplaba el régimen ampliado y pasará a concentrarse sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, sobre el componente correspondiente al precio del gas.

De esta manera, otros componentes de la factura, como el Valor Agregado de Distribución (VAD), el transporte y los impuestos, no quedarían alcanzados por el descuento.

La nueva normativa también contempla un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para usuarios que queden fuera del beneficio territorial y puedan acreditar determinadas condiciones socioeconómicas.

El proyecto establece como referencia ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales, además de contemplar situaciones específicas para hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), bajo los criterios establecidos por la normativa y su reglamentación.

Según las estimaciones difundidas antes de la sanción, quienes pierdan el beneficio y no ingresen al esquema focalizado podrían afrontar incrementos significativos en sus facturas. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, había estimado aumentos de alrededor de $15.000 mensuales para usuarios de zonas que dejaran de estar alcanzadas por el régimen.

El argumento del Gobierno

Uno de los argumentos centrales para impulsar la modificación fue el impacto fiscal del régimen ampliado. De acuerdo con las estimaciones difundidas durante el tratamiento legislativo, el Gobierno busca reducir el déficit energético en aproximadamente $272.000 millones y avanzar en un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico.

El régimen había sido ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, que extendió el beneficio a nuevas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias. Esa ampliación llevó el universo de beneficiarios de alrededor de 950.000 a unos 4 millones de hogares.

La nueva ley busca retrotraer el criterio territorial a las regiones contempladas originalmente, mientras incorpora mecanismos de asistencia focalizada para determinados sectores.

La reacción de Valeria Arata

Tras la sanción de la ley, la senadora provincial bonaerense Valeria Arata cuestionó la decisión y advirtió por el impacto que, según sus estimaciones, tendrá sobre los hogares de la provincia y particularmente de Junín.

A través de sus redes sociales, la legisladora publicó el mensaje “Eliminaron la Zona Fría. El costo lo van a pagar las familias” y sostuvo que la medida afecta directamente a 94 municipios bonaerenses y a más de un millón de hogares.

En relación con Junín, Arata afirmó que más de 24.500 hogares perderían el beneficio y que más de 65.000 vecinos estarían alcanzados por la modificación.

Además, estimó que, durante el mes de mayor consumo invernal, el sobrecosto para los hogares de Junín superaría los $622 millones.

“No estamos hablando de un privilegio. Estamos hablando de calefaccionar una casa en invierno”, expresó la senadora, quien sostuvo que el régimen de Zona Fría reconocía las condiciones climáticas de las localidades alcanzadas y el mayor consumo de gas durante los meses de temperaturas más bajas.

“La Zona Fría reconocía una realidad concreta: en nuestras ciudades las bajas temperaturas obligan a consumir más gas durante los meses de mayor frío. Hoy decidieron quitar ese reconocimiento”, señaló.

Arata también cuestionó que los usuarios continúen afrontando el recargo destinado a financiar el Fondo Fiduciario mientras dejan de contar con el beneficio territorial.

“Desde el primer momento advertimos lo que esta decisión significaba para Junín. Lo llevamos al Congreso, presentamos el impacto económico y pusimos a disposición de los vecinos un simulador para que cada familia pudiera conocer cuánto podía aumentar su factura”, manifestó.

Finalmente, la senadora sostuvo que continuará reclamando por el impacto de la reforma sobre los hogares bonaerenses y afirmó: “Hoy esa advertencia dejó de ser una posibilidad. Es ley”.

Su publicación concluyó con una frase referida al impacto de la medida en el interior bonaerense: “El frío no entiende de ideologías. Las facturas tampoco”.

Un nuevo esquema para los subsidios

La reforma también establece modificaciones en el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y mantiene un esquema de asistencia focalizada para determinados usuarios.

Además, contempla la continuidad del régimen de incentivos para energías renovables hasta 2045 y un mecanismo destinado a regularizar las obligaciones de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA.

Para Junín y el resto de los municipios bonaerenses que quedan fuera de la Zona Fría, el cambio implica que el descuento dejará de estar determinado automáticamente por la ubicación geográfica. A partir de ahora, los hogares deberán analizar si reúnen las condiciones previstas para acceder a alguno de los mecanismos de asistencia establecidos por la nueva normativa.