A 200 años de la Ley de Enfiteusis: cómo se distribuyeron las tierras públicas entre los grandes propietarios en la Argentina del siglo XIX

La concentración de la tierra en la Argentina no se explica por una única ley ni por una sola decisión política. Fue el resultado de un proceso histórico que atravesó distintos gobiernos durante el siglo XIX, desde las últimas décadas del período colonial hasta la consolidación del Estado nacional.

En ese recorrido, las tierras públicas fueron entregadas, arrendadas o vendidas a particulares mediante diferentes mecanismos legales. En algunos casos hubo donaciones gratuitas; en otros, los beneficiarios debieron pagar un canon, comprar los terrenos o cumplir determinadas condiciones para obtener la propiedad definitiva.

Sin embargo, la aplicación de esas políticas tuvo un rasgo recurrente: grandes extensiones de territorio terminaron concentradas en manos de un número relativamente reducido de propietarios, mientras que el avance de la frontera estatal sobre territorios indígenas amplió la superficie disponible para nuevas adjudicaciones privadas.

Las primeras donaciones: de la etapa colonial a los gobiernos revolucionarios

Antes de la organización definitiva de la Argentina, la Corona española y las autoridades coloniales ya habían establecido mecanismos para conceder tierras a particulares. Tras la Revolución de Mayo de 1810, los gobiernos sucesivos continuaron utilizando distintas formas de adjudicación para fomentar la ocupación territorial y la producción agropecuaria.

Entre 1818 y 1820, durante el período del Directorio, se otorgaron donaciones de tierras públicas en diferentes zonas de la campaña bonaerense. Estas adjudicaciones, que continuaban prácticas de origen colonial, podían conferir derechos de propiedad sobre extensiones considerables.

La entrega de tierras también estuvo vinculada con la expansión de la ganadería y la ocupación de territorios que el Estado buscaba incorporar a su jurisdicción. En buena parte de la campaña bonaerense, ese avance se produjo sobre espacios habitados y utilizados por comunidades indígenas.

Las primeras décadas del siglo XIX sentaron así algunos de los antecedentes de un proceso que continuaría durante los gobiernos provinciales y, posteriormente, bajo la organización del Estado nacional.

La Ley de Enfiteusis de Rivadavia: tierras públicas en manos privadas

En 1822, el gobierno de Buenos Aires comenzó a implementar el sistema de enfiteusis, que posteriormente adquirió alcance nacional mediante la legislación sancionada en 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia.

El mecanismo permitía que particulares utilizaran grandes extensiones de tierras públicas a cambio del pago de un canon periódico. La propiedad formal permanecía en manos del Estado, pero los enfiteutas obtenían el derecho de explotación y podían transferir sus derechos de uso a otras personas.

El sistema tenía objetivos económicos y fiscales: poner las tierras en producción y mantenerlas como garantía de la deuda pública, sin recurrir inmediatamente a su venta.

No obstante, la enfiteusis no garantizó una distribución equitativa. La posibilidad de acceder a extensiones considerables y las dificultades para controlar las adjudicaciones favorecieron a sectores con recursos económicos y vínculos políticos. Las investigaciones históricas estiman que alrededor de 6,7 millones de hectáreas fueron entregadas en enfiteusis a unos 365 beneficiarios.

La tierra seguía siendo formalmente pública, pero su aprovechamiento económico quedó en manos de particulares que, en muchos casos, ya estaban vinculados con la actividad ganadera. Más adelante, parte de esas mismas extensiones pasaría a ser propiedad privada definitiva.

Juan Manuel de Rosas: ventas millonarias y donaciones de tierras

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, la política de tierras bonaerense atravesó una nueva etapa. En 1836 se autorizó la venta de tierras públicas que estaban bajo el régimen de enfiteusis y de otros terrenos fiscales.

La medida respondía, entre otros factores, a la necesidad de obtener recursos para las finanzas provinciales. Muchos de los compradores ya ocupaban los campos como enfiteutas, por lo que el cambio de régimen les permitió transformar sus derechos de uso en propiedad privada.

Entre 1836 y 1843 se transfirieron millones de hectáreas mediante estas operaciones. Un estudio de la historiadora María Elena Infesta documenta que las ventas constituyeron el mecanismo más importante de transferencia definitiva de tierras públicas durante ese período.

Pero las ventas no fueron la única modalidad.

Entre 1834 y 1850 también se concedieron tierras mediante donaciones incondicionales y premios vinculados con servicios militares, fidelidades políticas y otros motivos. En la zona del arroyo Azul, además, se implementaron donaciones condicionadas que contemplaban obligaciones relacionadas con la ocupación y el poblamiento.

Estas adjudicaciones no fueron todas iguales: algunas exigían condiciones y otras otorgaban derechos sin establecer obligaciones equivalentes. En cualquier caso, contribuyeron a modificar el mapa de la propiedad rural bonaerense.

La consolidación de grandes estancias durante el período rosista estuvo estrechamente vinculada con la conversión de extensiones previamente ocupadas bajo el régimen enfitéutico en propiedades privadas.

Después de Rosas: arrendamientos y nuevas ventas

Tras la caída de Rosas en 1852, la política de tierras volvió a modificarse. Durante las décadas siguientes, el Estado de Buenos Aires recurrió al arrendamiento de tierras públicas y retomó progresivamente las ventas fiscales.

El arrendamiento permitía explotar los campos sin adquirir inmediatamente su propiedad. Sin embargo, los derechos de uso podían negociarse entre particulares, lo que generó nuevas operaciones y mercados vinculados con la tierra pública.

Este régimen se mantuvo, con modificaciones, entre 1857 y 1876, mientras el Estado continuaba enajenando terrenos fiscales mediante distintas disposiciones.

La expansión de la ganadería, el crecimiento de las exportaciones y la valorización económica de los campos aumentaron la importancia de la propiedad rural. Al mismo tiempo, las diferencias en el acceso al capital y a los mecanismos legales de adjudicación condicionaron quiénes podían adquirir grandes extensiones.

La tierra se convirtió así en un recurso económico central y en una fuente de poder social y político.

La Ley Avellaneda de 1876: inmigración y colonización

Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se sancionó, en 1876, la Ley 817 de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda.

La norma buscaba fomentar la llegada de inmigrantes y organizar la colonización de tierras públicas mediante distintas modalidades. Contemplaba la intervención directa del Estado, la participación de empresas colonizadoras y la iniciativa de particulares.

El proyecto tenía entre sus objetivos poblar el territorio y ampliar la producción agropecuaria. Sin embargo, los resultados de las políticas de colonización no siempre coincidieron con esos propósitos.

Las condiciones económicas, administrativas y legales favorecieron en determinados casos a empresas y personas con capacidad para financiar grandes emprendimientos. Algunas concesiones permitieron acceder a superficies muy extensas, sujetas a obligaciones de poblamiento que no siempre se cumplieron de la manera prevista.

En 1891, la Ley 2875 modificó aspectos centrales del régimen de colonización y permitió regularizar situaciones de empresas que no habían cumplido con las obligaciones originales, bajo determinadas condiciones.

De esta manera, una legislación concebida para promover la inmigración y el asentamiento productivo también intervino en la consolidación de grandes propiedades.

La Conquista del Desierto y el reparto de millones de hectáreas

Uno de los momentos decisivos en la historia de la distribución de tierras se produjo durante las últimas décadas del siglo XIX, con las campañas militares que extendieron el control estatal sobre la región pampeana y la Patagonia.

En 1878, durante la presidencia de Avellaneda, se sancionó la Ley 947, vinculada con la financiación de la campaña militar conocida como Conquista del Desierto. El mecanismo contemplaba una suscripción pública mediante la compra de títulos que podían canjearse por tierras en los territorios que se incorporaran al dominio estatal.

La campaña encabezada por Julio Argentino Roca en 1879 y las operaciones posteriores sometieron a los pueblos indígenas de amplias regiones y permitieron que el Estado avanzara sobre territorios que hasta entonces estaban bajo su control.

La incorporación territorial tuvo consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que sufrieron desplazamientos, pérdida de sus tierras y desarticulación de sus formas de vida.

Paralelamente, el Estado puso en marcha mecanismos para adjudicar y vender esos territorios. La Ley 1.265 de 1882 reguló la venta de tierras públicas mediante remates, mientras que la Ley 1.628 de 1885 estableció premios en tierras para participantes de las campañas militares.

En el proceso también intervinieron inversores y particulares que habían adquirido títulos destinados a financiar la expedición. Las investigaciones académicas documentan que más de 13 millones de hectáreas de la región pampeana y norpatagónica quedaron vinculadas con beneficiarios de la legislación de suscripción pública.

La adjudicación de grandes extensiones, sumada a las ventas y los premios militares, contribuyó a consolidar propiedades de enorme tamaño. En muchos casos, los beneficiarios tenían recursos económicos para comprar títulos, relaciones políticas o capacidad para negociar la posterior venta de sus derechos.

El avance de la frontera estatal no significó una distribución automática de las tierras entre pequeños productores o familias inmigrantes: una parte importante terminó en manos de propietarios e inversores que concentraron grandes superficies.

¿Fueron todas las tierras entregadas gratuitamente?

No. Esta distinción resulta fundamental para comprender el proceso histórico.

A lo largo del siglo XIX coexistieron diferentes mecanismos de transferencia:

• Donaciones: adjudicaciones sin pago por la tierra, que podían ser condicionadas o incondicionales.

• Enfiteusis: concesiones de uso a cambio de un canon, sin transferencia inicial de la propiedad formal.

• Ventas fiscales: operaciones por las que los particulares adquirían la propiedad de tierras públicas.

• Premios militares y políticos: adjudicaciones relacionadas con servicios prestados, participación en campañas o fidelidades políticas.

• Concesiones de colonización: entregas sujetas, según el régimen, a obligaciones de poblamiento, producción o instalación de colonos.

• Adjudicaciones mediante títulos o bonos: mecanismos que permitían convertir determinados derechos financieros en tierras.

Por eso, afirmar que toda la tierra rural argentina fue regalada a los terratenientes sería históricamente incorrecto. Pero también sería incompleto analizar el proceso únicamente como una sucesión de compraventas, sin considerar las donaciones, los privilegios de acceso, las campañas militares y las condiciones bajo las cuales se transfirieron los territorios.

Una estructura agraria que se formó durante décadas

La concentración de la propiedad rural argentina no surgió de una única norma. Fue el resultado de políticas desarrolladas durante distintos gobiernos, con objetivos fiscales, productivos, militares y territoriales que cambiaron a lo largo del siglo XIX.

Desde las donaciones del período revolucionario y la enfiteusis de Rivadavia hasta las ventas fiscales, las concesiones de colonización y los premios de las campañas militares, el Estado tuvo un papel central en la transformación de tierras públicas en propiedades privadas.

Ese proceso estuvo atravesado por profundas desigualdades en el acceso a la tierra y por la expansión estatal sobre territorios indígenas. Sus consecuencias contribuyeron a definir la estructura de la propiedad rural y el peso económico de los grandes propietarios.

Comprender esta historia permite observar que la concentración de la tierra no fue simplemente el resultado de decisiones individuales en un mercado libre: también estuvo condicionada por las leyes, las decisiones políticas y las formas en que el Estado distribuyó, vendió o reconoció derechos sobre el territorio.

Fuentes

• María Elena Infesta, La venta de la tierra pública en Buenos Aires, 1836-1843. Leer investigación académica.

• Estudios sobre la distribución de tierras públicas bonaerenses durante el siglo XIX, publicados en la revista Mundo Agrario. Consultar el estudio.

• Mariano Nagy y Luciano Literas, investigación sobre la apropiación privada de tierras durante la Conquista del Desierto. Leer el trabajo académico.

  PUBLICAR-En Antropología y Ciencias Sociales

• Gobierno argentino, antecedentes de la Ley 817 de Inmigración y Colonización de 1876. Consultar información oficial.