Milei dice que tiene 125 mil millones de dólares para enfrentar una corrida, pero "no hay plata" para hospitales, universidades, obras, jubilados, discapacitados y el consumo

El presidente Javier Milei aseguró que cuenta con US$ 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante 2027. Según explicó, se trata de recursos provenientes de distintas fuentes financieras y comerciales, financiamiento, acuerdos de intercambio de monedas y otras herramientas para contener una posible presión sobre el dólar. Pero detrás de esa cifra millonaria surge una pregunta que va mucho más allá de los mercados: ¿por qué el Estado parece encontrar recursos para defender la estabilidad financiera, pero no para dar respuestas a las necesidades de millones de argentinos?

No se trata de desconocer la importancia de la estabilidad cambiaria, de negar los problemas estructurales de la economía argentina ni de pretender que el Gobierno ignore los riesgos financieros. Se trata de discutir prioridades, de preguntarnos qué lugar ocupa la sociedad en un modelo económico que parece concentrar buena parte de sus esfuerzos en garantizar que los números cierren, mientras las cuentas de las familias siguen sin cerrar.

Porque mientras el Presidente habla de miles de millones de dólares para prepararse ante una eventual corrida cambiaria, hay jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o llegar a fin de mes; personas con discapacidad que reclaman prestaciones y acompañamiento; universidades que necesitan recursos para funcionar; hospitales que deben atender una demanda creciente; docentes y trabajadores que ven deteriorarse sus ingresos, y pequeñas empresas que luchan por mantenerse abiertas.

¿Qué pasaría si una parte de esos recursos, o de la capacidad financiera que el Gobierno asegura tener, pudiera traducirse en obras, infraestructura, educación, salud y oportunidades para la población?

No hablamos de una discusión abstracta. Hablamos de rutas que necesitan reparación, de obras públicas paralizadas, de infraestructura que podría mejorar la vida de miles de personas, de hospitales que necesitan equipamiento, de universidades que forman profesionales, de escuelas que educan a nuestros hijos y de jubilados que después de toda una vida de trabajo merecen vivir con dignidad. Hablamos, también, de acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias, que no pueden quedar libradas a su suerte, y hablamos de quienes producen y de pymes.

La pregunta es inevitable: ¿cuánto vale para el Gobierno evitar una corrida cambiaria y cuánto vale evitar que una familia caiga en la pobreza, que un comercio cierre sus puertas o que una persona abandone un tratamiento por no poder pagarlo? La otra pregunta sería: ¿Quiénes son los pocos y grandes privilegiados que pueden ahorrar y comprar dólares en un contexto en el que el común de la gente compra verduras con tarjeta de crédito?

El futuro financiero y el presente de la gente

Milei afirmó que no espera una corrida cambiaria, pero que se prepara para enfrentarla. Es razonable que un Gobierno planifique escenarios adversos. Lo que no puede hacer es convertir la prevención de un problema eventual en el centro de toda su política económica y social, dejando en segundo plano las urgencias que ya existen.

El futuro importa, por supuesto. Pero el presente también y está abandonado cómo las rutas. Y el presente de muchos argentinos está atravesado por la incertidumbre, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento familiar y la dificultad para sostener un nivel de vida que hace pocos años parecía posible.

El Gobierno puede exhibir como logros el levantamiento de las restricciones cambiarias para las personas y el sostenimiento del equilibrio fiscal, dos de los objetivos que Milei se propuso desde el inicio de su gestión. Sin embargo, esos resultados deben analizarse junto con sus costos económicos y sociales, y no de manera aislada. ¿Para quién gobierna? 

El equilibrio de las cuentas públicas puede ser una herramienta necesaria para ordenar la economía, pero no debería convertirse en una finalidad que justifique cualquier sacrificio. Un presupuesto equilibrado no alcanza si, detrás de él, se deterioran los servicios públicos, se postergan inversiones necesarias y miles de hogares pierden la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

La estabilidad no puede medirse únicamente por la cotización del dólar, el riesgo país o el comportamiento de los bonos. También debe medirse por la posibilidad de conseguir trabajo, pagar un alquiler, comprar alimentos, acceder a la salud y proyectar un futuro.

Porque el costo de un programa económico no siempre aparece en una planilla. Muchas veces se expresa en silencio, dentro de cada hogar, hasta que ese silencio se transforma en reclamo y la gente empieza a salir a la calle.

¿Libertad para comprar dólares, pero sin capacidad para ahorrar?

La eliminación de las restricciones cambiarias para las personas fue presentada como un paso hacia la normalización económica. No planteo volver al cepo ni regresar a un esquema de controles generalizados que también tuvo sus costos y distorsiones. Pero sí considero legítimo discutir si la libertad cambiaria, por sí sola, representa un beneficio concreto para la mayoría de la población.

¿De qué sirve poder comprar dólares sin un límite general si el salario no alcanza para cubrir los gastos básicos? ¿Qué libertad financiera tiene una persona que llega al día 20 del mes con la cuenta en rojo? ¿Qué posibilidad de ahorro tiene un trabajador, un jubilado o un pequeño comerciante que debe destinar casi todos sus ingresos a pagar alimentos, servicios, alquileres e impuestos?

Para una parte importante de los sectores populares y de la clase media, e incluso para numerosos hogares de ingresos más altos que enfrentan compromisos financieros elevados, la posibilidad de ahorrar se ha convertido en un privilegio. Antes de preguntarse cuántos dólares pueden comprar, deben resolver cómo llegar a fin de mes.

Por eso, la discusión no debería reducirse a elegir entre cepo o libertad absoluta. También se puede debatir cómo garantizar reglas previsibles, evitar desequilibrios y preservar la estabilidad sin perder de vista el empleo, los ingresos y la capacidad de consumo de la sociedad.

La libertad económica tiene sentido cuando existen condiciones materiales para ejercerla. Si una persona puede comprar dólares, pero no tiene dinero para ahorrar, esa libertad es más formal que real.

¿Un modelo capitalista que debilita a quienes producen?

Hay otra contradicción que merece atención. El Gobierno reivindica las ideas del capitalismo, la competencia, la iniciativa privada y la libertad de mercado. Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurre cuando el consumo se contrae, las ventas caen y miles de empresas, emprendimientos y comercios dejan de funcionar o reducen su actividad.

El capitalismo no se sostiene únicamente con operaciones financieras, cotizaciones bursátiles y compraventa de activos. También necesita empresas que produzcan, comercios que vendan, trabajadores que cobren salarios, consumidores que puedan comprar y emprendedores que encuentren condiciones para invertir.

¿Qué clase de capitalismo puede desarrollarse si cada vez resulta más difícil sostener un negocio, pagar salarios y encontrar clientes?

No alcanza con defender la iniciativa privada en el discurso si, en la práctica, una parte de quienes producen y generan empleo no consigue sobrevivir a la caída de la demanda y al peso de sus costos. Las grandes compañías pueden tener más herramientas para adaptarse, financiarse o diversificar sus actividades. Una pyme familiar, un pequeño comercio o un emprendedor suelen contar con márgenes mucho más estrechos.

Cuando cae el consumo, el impacto no se limita a las estadísticas. Se traduce en persianas bajas, trabajadores que pierden sus empleos, proyectos que no llegan a concretarse y familias que deben reorganizar su vida.

Por eso, más que definir al modelo como anticapitalista sin matices, la pregunta que corresponde hacerse es si las políticas económicas actuales están generando condiciones para que el capitalismo productivo pueda desarrollarse o si están favoreciendo, en mayor medida, la acumulación y circulación de activos financieros.

Porque una economía en la que resulta más atractivo colocar dinero en instrumentos financieros que invertir en una fábrica, ampliar un comercio, contratar trabajadores o desarrollar un emprendimiento corre el riesgo de alejarse de la producción y del trabajo como motores del crecimiento.

De la economía financiera a una economía que genere oportunidades

La Argentina necesita estabilidad macroeconómica. Pero también necesita una economía que produzca, que agregue valor, que genere empleo y que permita que los ingresos de los trabajadores se transformen en consumo, ahorro e inversión.

No se trata de enfrentar al sector financiero con el productivo, ni de desconocer la función que cumplen el crédito, los bonos o el mercado de capitales. Se trata de evitar que la lógica financiera termine subordinando al resto de la economía.

El dinero que circula en los mercados no siempre se traduce automáticamente en nuevas fábricas, mejores salarios o más puestos de trabajo. Para que eso suceda hacen falta condiciones concretas: demanda, infraestructura, crédito accesible, reglas previsibles, capacitación y perspectivas de rentabilidad vinculadas con la producción real.

También hace falta un Estado capaz de identificar dónde se necesitan inversiones y de garantizar derechos básicos. No necesariamente un Estado que gaste sin control, sino uno que pueda administrar sus recursos con responsabilidad y, al mismo tiempo, establecer prioridades sociales.

Una economía no puede evaluarse solamente por cuánto logra ahorrar el Estado, sino también por lo que ese ahorro permite construir y por las oportunidades que genera para la sociedad.

Si existen recursos, financiamiento o capacidad para afrontar una crisis cambiaria, también corresponde discutir qué herramientas pueden destinarse a sostener la infraestructura, la educación, la salud, la ciencia, las provincias y a los sectores que más necesitan acompañamiento. Eso no significa que los US$ 125.000 millones mencionados por Milei estén íntegramente disponibles para gastar: el propio Presidente los vinculó con distintas fuentes de financiamiento, acuerdos y herramientas financieras. Pero sí abre una discusión legítima sobre el destino de las prioridades económicas.

La inversión pública y el sostenimiento de derechos no son necesariamente enemigos del equilibrio fiscal. Una obra bien planificada puede mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y generar actividad. Una universidad que funciona forma profesionales. Un hospital equipado mejora la atención. Una pyme que recibe condiciones para crecer puede contratar trabajadores y ampliar la producción.

El desafío consiste en construir una política económica que contemple esas dimensiones, en lugar de considerar que todo lo que no sea equilibrio fiscal debe quedar relegado.

La cuenta siempre termina llegando a los mismos

En la historia económica argentina, la clase media trabajadora, los pequeños comerciantes, los emprendedores y las pymes suelen quedar expuestos cuando los ajustes se trasladan a los ingresos, al consumo y a la actividad. Son sectores que no siempre tienen capacidad para protegerse de los cambios bruscos y que, cuando las cosas van mal, terminan utilizando sus ahorros, endeudándose o reduciendo sus gastos esenciales.

Mientras tanto, los sectores con mayor patrimonio y acceso al financiamiento suelen disponer de más herramientas para administrar los riesgos.

La discusión no debería plantearse como una pelea entre quienes tienen más y quienes tienen menos, sino como una pregunta sobre la distribución de los costos y los beneficios de las políticas económicas. Si el esfuerzo de ordenar la economía recae principalmente sobre quienes viven de su trabajo y sobre quienes sostienen pequeños negocios, resulta necesario revisar si ese esfuerzo está siendo repartido de manera equitativa.

El cansancio social no aparece de un día para otro. Se acumula cuando los ingresos no alcanzan, cuando se pierden derechos o servicios, cuando se cierran oportunidades y cuando la promesa de un futuro mejor parece alejarse cada vez más.

Y cuando ese malestar llega a la calle, no alcanza con responder que las cuentas están ordenadas o que los indicadores financieros muestran señales positivas. Hay que escuchar qué está reclamando la sociedad y qué respuestas concretas puede ofrecer el Estado.

Presidente, el presente también necesita dólares

Javier Milei asegura que tiene US$ 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria. La cifra, por su magnitud, invita a mirar más allá de la contingencia financiera y a preguntarse qué país se quiere construir con los recursos, las herramientas y las oportunidades disponibles.

No se trata de negar la necesidad de defender la moneda, evitar una crisis o sostener el equilibrio fiscal. Se trata de recordar que detrás de cada decisión económica hay personas, familias, trabajadores, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad y empresarios que todos los días intentan sostener sus proyectos de vida.

La Argentina necesita previsibilidad, pero también sensibilidad social. Necesita responsabilidad fiscal, pero también inversión productiva. Necesita estabilidad cambiaria, pero también salarios que alcancen, empresas que puedan crecer y servicios públicos que respondan a las necesidades de la población.

No alcanza con estar preparados para la corrida cambiaria del mañana si no estamos preparados para atender la emergencia social de hoy.

Presidente, el futuro importa, pero el presente no puede esperar. Las rutas necesitan obras hoy. Los hospitales necesitan recursos hoy. Las universidades necesitan funcionar hoy. Los jubilados necesitan vivir con dignidad hoy. Las personas con discapacidad necesitan respuestas hoy. Los trabajadores y las pymes necesitan condiciones para salir adelante hoy.

Porque una economía no debería existir solamente para tranquilizar a los mercados. Debería servir para mejorar la vida de la gente.

Y la pregunta final sigue siendo la misma: si hay tantos recursos para defender al sistema financiero ante una eventual crisis, ¿cuándo llegará el momento de poner en el centro a quienes sostienen todos los días la economía real del país?