Para paliar el fenómeno El Niño, el bloque UxP propone destinar a las provincias los fondos de ATN no repartidos

Para mitigar los posibles efectos devastadores del fenómeno climático El Niño, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que propone distribuir entre las provincias de manera excepcional y por única vez los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados por el Gobierno Nacional que no fueron repartidos.

La iniciativa cita estimaciones de septiembre de 2026 según las cuales la administración nacional del presidente Javier Milei mantiene acumulados $2,2 billones de pesos en fondos de ATN sin repartir a las provincias. 

El proyecto propone liberar la mitad de este monto ($1,1 billones de pesos) y que las partidas contribuyan de manera directa a tareas de obras preventivas, emergencia climática e infraestructura de reconstrucción ante inundaciones y lluvias extremas.

"La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer oportunamente la capacidad de respuesta de las jurisdicciones provinciales frente a contingencias que pueden comprometer la seguridad de las personas, la infraestructura, las actividades productivas, los servicios públicos y las finanzas provinciales", se destaca en el proyecto. 

El 50% de los fondos restantes permanecerán guardados como reserva del Tesoro para eventuales contingencias futuras, se indica en el proyecto que encabezan el jefe del bloque, Germán Martínez (Santa Fe) y Ariel Rauschenberger (La Pampa). 

"Esos $2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso. Necesitamos que ese dinero vuelva rápidamente a los territorios para cuidar a la gente y amortiguar los daños del fenómeno de El Niño", aseguraron desde el bloque de Unión por la Patria.

En cuanto al criterio de distribución propuesto, se dispone que el 25% de los fondos vayan en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 75% restante se efectuará en consonancia con los coeficientes de coparticipación federal que están vigentes.

"Ello no supone desconocer que las emergencias climáticas pueden presentar impactos diferenciados entre las jurisdicciones, sino adoptar un mecanismo objetivo que permita fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del conjunto de los gobiernos provinciales, sin quedar sujeto a decisiones individuales de asignación", se aclara en los fundamentos del proyecto. 

El fenómeno El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, que modifica la circulación atmosférica y los patrones regionales de precipitaciones. 

"La necesidad de adoptar medidas preventivas no responde a una hipótesis remota. Los efectos del fenómeno climático ya comienzan a manifestarse en distintas regiones del país", se advierte en el proyecto.

Es el caso de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, donde están registrándose crecidas preocupantes del Río Paraná. 

"El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la persistencia del fenómeno durante el último trimestre de 2026, con una probabilidad del 100%, y se prevén condiciones de lluvias superiores a las normales en amplias regiones del país", se advierte. 

También se cita a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, que en octubre de 2026 informó que se prevé que El Niño alcance su máxima intensidad hacia diciembre y persistencia del fenómeno hasta febrero de 2027. 

En ese sentido, se expresa que "la existencia de impactos concretos y el riesgo de nuevas emergencias justifican la reserva específica de recursos y el establecimiento de un plazo breve para su ejecución, a fin de garantizar una respuesta oportuna de las provincias, tanto para atender los daños ya producidos como para implementar medidas preventivas y de mitigación". 

"En definitiva, el presente proyecto propone una medida excepcional, de alcance acotado y finalidad específica, que permite destinar una reserva legalmente constituida para emergencias a la atención de riesgos climáticos concretos, mediante un criterio objetivo de distribución y en consonancia con los principios de solidaridad y equidad federal", se concluye.