07/11/2026 - Edición Nº716

Junín

Sociedad

La Fiscalía General de Junín y el Colegio de Psicólogos implementarán un plan de asistencia psicológica para víctimas de delitos

06:15 | La iniciativa busca garantizar atención en salud mental a personas mayores de 16 años que hayan sido víctimas de situaciones delictivas recurrentes y judicializadas. El programa contará con el financiamiento del Colegio de Psicólogos y la colaboración de una empresa privada.



La Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín informó la puesta en marcha de un Plan Piloto de Colaboración Institucional junto al Colegio de Psicólogos Distrito III de Junín, destinado a brindar atención psicológica a personas víctimas de delitos, a través del denominado Cupo de Atención a Personas Víctimas (CAPVI).

El protocolo de intervención fue suscripto el pasado 29 de octubre de 2026 y tiene como objetivo resguardar la salud mental de personas mayores de 16 años que se encuentren involucradas en calidad de víctimas en situaciones delictivas recurrentes y judicializadas.

La atención se llevará adelante bajo el dispositivo del Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), mediante un mecanismo de derivación para el inicio de tratamientos psicológicos, siempre con el consentimiento de la persona involucrada.

En ese proceso tendrá intervención previa el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Fiscalía General, que será el encargado de articular las derivaciones correspondientes. Desde el organismo destacaron que se garantizará el más estricto marco de confidencialidad, así como un cupo de sesiones que permita abordar la situación personal de cada víctima.

Financiamiento y colaboración institucional

En cuanto al financiamiento, la Fiscalía General precisó que el plan piloto se sostendrá con recursos propios del Colegio de Psicólogos, a través del BONO SAC, y con la colaboración desinteresada de la empresa HOGAR TOTAL S.A.

Desde la Fiscalía señalaron que la propuesta representa un compromiso interdisciplinario entre distintos actores sociales para dar respuesta a una problemática de actualidad, promoviendo la responsabilidad social y el resguardo de los derechos de las personas víctimas de delitos.

La iniciativa busca incorporar una herramienta de acompañamiento psicológico que permita atender las consecuencias personales que pueden derivarse de situaciones delictivas, complementando la intervención judicial con una instancia de asistencia en salud mental.