“La Universidad no se apaga”: jornada nacional en defensa de la educación pública

Desde las 8 horas del miércoles 15 de abril hasta las 8 del jueves 16, las universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevarán adelante una jornada nacional de 24 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia.

Durante ese período, cada universidad desarrollará actividades académicas, culturales, científicas y de extensión, que se sumarán al funcionamiento habitual de cada institución, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan las universidades públicas en todo el país.

En el caso de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), la propuesta institucional se concentrará en la ciudad de Junín, en un corredor integrado por el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA), el Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH), el Salón de Usos Múltiples “Mario Meoni” y la Escuela de Tecnología. En estos espacios se desarrollarán múltiples actividades abiertas a toda la comunidad, con consignas orientadas a mostrar el aporte de la universidad en materia de educación, investigación, extensión y desarrollo regional.

Bajo el lema “Cuidemos lo que nos hace bien”, la iniciativa impulsada por el CIN se apoya en la premisa de que sin financiamiento y sin salarios dignos, la producción académica, científica y social de las universidades públicas se ve seriamente afectada.

En este marco, la jornada busca también convocar al conjunto de la sociedad a acompañar el reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, devolviendo a las instituciones condiciones de previsibilidad necesarias para sostener la educación pública y la ciencia de calidad.

Desde la UNNOBA aclararon que durante el 15 de abril, entre las 8 y las 20 horas, las actividades académicas se desarrollarán con total normalidad, incluyendo clases, exámenes y acciones de extensión universitaria, mientras que en paralelo se sumarán propuestas especiales en el marco de la jornada nacional.

En ese sentido, indicaron que se llevarán adelante talleres, muestras, espacios de encuentro, actividades culturales, científicas y de extensión, muchas de ellas también en horario nocturno.

El cronograma previsto incluye una amplia variedad de actividades, entre ellas: conversatorios sobre proyectos de investigación, talleres vinculados a la educación pública, clases abiertas de teatro, consultorios de alimentos, talleres de RCP, transmisiones en vivo, consultorios de tesis, visitas guiadas a laboratorios, presentación de desarrollos tecnológicos, asesoramiento sobre becas Progresar, espacios recreativos, recorridas por centros de investigación y muestras históricas.

Además, durante la noche se desarrollarán propuestas continuas como la elaboración de banderas y carteles en apoyo a la educación pública, muestras fotográficas, proyección de contenidos institucionales y programación especial en radio, extendiendo la actividad hasta la mañana del día siguiente.

En paralelo, el reclamo se sustenta en una reciente resolución judicial: la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras rechazar una apelación oficial.

Dicha medida exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795, que contemplan la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

El fallo también destaca que el impacto fiscal de esta medida es bajo y no afecta el interés público, mientras que, por el contrario, garantiza el derecho constitucional a la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025, en el marco de una acción de amparo impulsada por el CIN junto a otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades nacionales.

Finalmente, desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcaron que las universidades no reclaman privilegios, sino el cumplimiento de una ley vigente, frente a una situación que describen como una crisis profunda del sistema universitario, que pone en riesgo el acceso a una educación pública de calidad en todo el país.