Una investigación encabezada por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín dejó al descubierto una preocupante modalidad delictiva: extorsiones telefónicas realizadas desde el interior de una unidad penitenciaria, utilizando teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos.
El caso se inició el 15 de marzo de 2026, tras la denuncia de una vecina de Junín que comenzó a recibir llamados intimidatorios de un desconocido. Bajo amenazas graves —incluyendo referencias a su entorno familiar— el autor le exigía el pago de dos millones de pesos a cambio de la supuesta devolución de una motocicleta robada.
A partir de allí, y en conjunto con la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, se desplegó una investigación que incluyó análisis de comunicaciones, rastreo de líneas telefónicas y recolección de evidencia digital.
Las tareas permitieron establecer que el origen de los llamados se encontraba en la ciudad de Resistencia y, más precisamente, dentro del Complejo Penitenciario I, donde el principal sospechoso —un hombre de 28 años— cumple condena desde 2022 por robo agravado.
Con estos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en el penal, llevado a cabo el 23 de abril por personal de investigaciones de la provincia del Chaco. El procedimiento arrojó resultados contundentes: se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento como pendrives y documentación con anotaciones de números telefónicos y posibles datos de víctimas.
Además, los investigadores hallaron registros ocultos en libros y papeles distribuidos en distintas celdas, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado para cometer delitos desde el interior del establecimiento.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el uso ilegal de teléfonos celulares en cárceles, una problemática que persiste y que permite a personas privadas de la libertad continuar operando fuera de los muros. A través de estos dispositivos, los delincuentes pueden realizar llamadas, coordinar maniobras y ejecutar estafas o extorsiones, muchas veces dirigidas a víctimas al azar.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los elementos incautados serán sometidos a peritajes para determinar si existen más personas involucradas y si hay otras víctimas afectadas por este tipo de maniobras.
Desde la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín remarcaron la importancia del trabajo articulado entre las áreas especializadas y la Justicia para enfrentar este tipo de delitos complejos, y reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa.
El episodio refleja cómo la tecnología, incluso en contextos de encierro, puede ser utilizada con fines delictivos, y plantea nuevos desafíos en materia de control y seguridad dentro del sistema penitenciario.