La crisis de legitimidad de la Justicia

La democracia argentina atraviesa un tiempo de desafíos complejos y profundos. El sistema republicano y el Estado de Derecho se hallan hoy condicionados por un entorno de deterioro en los consensos políticos, una marcada fragmentación partidaria y una polarización ideológica que dificulta la construcción de políticas de largo plazo. Este escenario se ve agravado por crisis económicas recurrentes que profundizan la desigualdad social, el flagelo de la corrupción y una alarmante falta de rendición de cuentas. El resultado es un malestar social creciente que socava la legitimidad de las instituciones y abre la puerta a propuestas populistas que basan su crecimiento en el cuestionamiento del sistema democrático mismo.

En este marco de fragilidad, la insatisfacción respecto de la tarea del Poder Judicial ha alcanzado niveles alarmantes (1). No se trata de una percepción subjetiva, sino del reflejo de evaluaciones constantes que señalan cuestionamientos estructurales sobre la actuación de la Justicia. La ciudadanía identifica con claridad los puntos críticos: las demoras crónicas en el desarrollo de los juicios, la creciente interferencia de los poderes políticos y económicos, y una imperiosa necesidad de mayor transparencia en los procesos. Estos números deben motivar un esfuerzo institucional urgente, pues la autoridad judicial tiene como base su legitimidad; y dicha legitimidad depende, en última instancia, de la confianza y el prestigio. El Poder Judicial no puede funcionar adecuadamente si la sociedad no cree en su cohesión interna y en su desempeño.

Actualmente, el mayor foco de desprestigio se encuentra en los niveles más altos de la estructura judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales federales, especialmente los de la Ciudad de Buenos Aires. El problema es multidimensional. Por un lado, una Corte Suprema incompleta no logra proyectar la visión de cohesión institucional necesaria para guiar al sistema. Por otro lado, existe un problema de presencia efectiva: más del 30% de los cargos judiciales federales en todo el país se encuentran vacantes. Esta acefalía no solo ralentiza la justicia, sino que contribuye al descrédito general. El prestigio institucional depende, en buena medida, de una presencia homogénea y plena del Estado en todo el territorio nacional.

A esta debilidad operativa se suma un problema estructural de fondo: la utilización del Poder Judicial como una herramienta para limitar la acción de los otros poderes. A lo largo de las últimas décadas, hemos visto cómo el “estado de excepción” termina siendo una constante en la discusión sobre los límites de intervención de la Corte Suprema. Esto nos obliga a preguntarnos qué tipo de Poder Judicial necesitamos para que funcione como un contrapeso real y no como un actor condicionado. Este equilibrio debe ser proactivo: no se trata de una parálisis mutua, sino de asegurar que el Estado funcione, que los legisladores cumplan sus mandatos y que el Ejecutivo se mantenga dentro de sus márgenes, siempre con intervenciones judiciales eficaces y en plazos razonables.

Al analizar este equilibrio, no podemos ignorar el avance persistente del Poder Ejecutivo sobre el resto de las funciones estatales, verificado desde la década del 90. El uso extensivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ha alterado la balanza constitucional. Ante el retraimiento del Poder Legislativo, el Poder Judicial asume un rol de “poder político” fundamental, actuando como garante último del derecho frente a los riesgos de regresión democrática. Sin embargo, este protagonismo judicial debe ser ejercido con extrema prudencia.

Las reflexiones de Andrés Rosler sobre liberalismo y democracia nos invitan a ser cautos con las reformas judiciales que, bajo un barniz democrático, pueden resultar regresivas (2). El caso actual de México es un ejemplo elocuente: una reforma basada en la elección popular de jueces podría terminar degradando la prestación del servicio de justicia. Por otra parte, desde la academia y desde nuestra responsabilidad en el Consejo de la Magistratura, debemos alertar sobre la peligrosa noción del juez como un “legislador del caso”.

En los procesos de selección de magistrados, observamos con preocupación cómo los postulantes, al ser consultados sobre casos concretos, suelen buscar explicaciones sociales o de contexto antes que aplicar la ley vigente. Cuando la ley es clara, la tendencia a reinterpretarla para adecuarla a visiones personales es un síntoma de un problema serio. La función judicial exige coherencia, previsibilidad y respeto por el orden normativo. La congruencia en la actuación de cada juez individual es lo que sostiene el prestigio del sistema en su conjunto.

En conclusión, la calidad democrática y el equilibrio de poderes dependen hoy de nuestra capacidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial como pilar de la República. Solo a través de una Justicia que sea garante del equilibrio entre las funciones del Estado, y que actúe con independencia y rigor legal, podremos enfrentar los desafíos de un tiempo que exige instituciones sólidas frente al abuso del poder y la desprotección de los derechos fundamentales.

* El autor es el rector de la Unnoba y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación del ámbito científico y académico

(1) En el Índice de Confianza en la Justicia, que elaboran en conjunto la Universidad Torcuato Di Tella y el Foro de Estudios sobre administración de justicia (FORES), si bien se evidencia alguna mejora en el índice semestral de mayo– diciembre/2025, la inmensa mayoría de los encuestados —casi el 90%—, consideran que la justicia es “nada confiable” o “poco confiable”

(2) Ver el trabajo de Rosler, Andrés en:  Rosler, Andrés; Tamarit, Guillermo; Galderisi, Hugo (compiladores): Aportes académicos. Equilibrio de poderes. Rol del Poder Judicial, C.E.D.I., Buenos Aires, 2026.